Mientras el Gobierno afina algunos detalles de la Ley de Inocencia Fiscal con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y sumar adhesiones al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), los especialistas advierten que existen otros aspectos que generan preocupación.

Luego de la reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y un grupo de contadores, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió el plazo para presentar las declaraciones juradas de impuestos, entre ellas la Declaración Jurada Simplificada de Ganancias.

En paralelo, el Ejecutivo baraja una serie de cambios vinculados a los requisitos para adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias —tope de ingresos totales y patrimonio— y el cálculo de las discrepancias significativas. Sin embargo, los expertos sostienen que también es importante considerar la adhesión de las provincias y los municipios.

La Ley de Inocencia Fiscal es de aplicación nacional. Si bien el Gobierno invitó a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a adoptar, en el ámbito de sus respectivas competencias, regímenes simplificados de fiscalización, por el momento ninguna jurisdicción lo hizo.

En el marco del Seminario de la Maestría y Especialización en Tributación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Alberto Mastandrea, socio en BDO Argentina, señaló que este aspecto constituye otro “talón de Aquiles”, dado que los contribuyentes afectados no podrían avanzar con algún reclamo como consecuencia de un incremento patrimonial no justificado en jurisdicciones locales.

“Dentro de los puntos que tendrían que estar sobre la mesa al momento de fijar los objetivos de un consenso fiscal, debería incluirse la posibilidad de que las provincias no exijan tributos como consecuencia de incrementos patrimoniales que se detecten en contribuyentes adheridos al régimen simplificado a nivel nacional”, subrayó Mastandrea.

La adhesión de las provincias y los municipios es fundamental a los fines de evitar fiscalizaciones en las jurisdicciones

Es que, en este caso, los tributaristas consideran que se trata de un riesgo para quienes exterioricen los “dólares del colchón”, ya que las provincias pueden reclamar el cobro de Ingresos Brutos y los municipios, por su parte, la Tasa de Seguridad e Higiene.

En el caso de Ingresos Brutos, el ejemplo más concreto recae en el Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB), una herramienta diseñada para facilitar el cumplimiento de los regímenes de recaudación del impuesto, orientada a los contribuyentes alcanzados por las normas del Convenio Multilateral.

En la práctica, su funcionamiento es automático: si un contribuyente que figura en el padrón del sistema recibe un depósito de dinero en su cuenta bancaria, se le aplicará la retención correspondiente.

“En los últimos blanqueos que hubo se invitaba a las provincias a adherir. En general, no adhieren de manera masiva, pero no tenemos antecedentes de que hayan ido a buscar Ingresos Brutos por los blanqueos. Obviamente, no descartamos el riesgo latente que existe en este nuevo proceso de regularización de fondos ocultos, que claramente no es un blanqueo”, opinó Marcelo Rodríguez, CEO de MR Consultores.

El punto es que las provincias juegan un rol clave en cuanto a la puesta en marcha de la Ley de Inocencia Fiscal, dado que mantienen intacto su poder de fiscalización y persecución.

“Si vos incorporabas dólares del colchón, o bien reconocías intereses de una cuenta que tenés en el exterior que no habías declarado nunca, desde la óptica de la Ley de Inocencia Fiscal estás blindado frente a cualquier cuestionamiento sobre el origen de esos fondos, por lo menos desde el punto de vista de ARCA. Ahora bien, las provincias pueden considerar que eso, en Ingresos Brutos, es una omisión de declaración de ingresos, y tienen resortes para cobrarte el impuesto, intereses, multas y, en un caso muy extremo, hasta iniciar penal tributaria”, señaló Mariano Ghirardotti, socio del estudio Ghirardotti & Ghirardotti.

Por ende, si las provincias y los municipios no acompañan con una legislación afín a la ley nacional, los contadores mantendrán cierta desconfianza a la hora de recomendar la adhesión a sus clientes.