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La causa judicial que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni comenzó a sumar en las últimas horas nuevos capítulos políticos, nuevas medidas y pedidos, por parte de los querellantes, para avanzar hacia la imputación en el caso por enriquecimiento ilícito.
El levantamiento del secreto fiscal dispuesto por el juez Ariel Lijo, el pedido para ampliar la investigación sobre presuntos sobresueldos y el debate público sobre una eventual indagatoria o detención colocaron al funcionario en el centro de la escena.
Mientras el Gobierno salió a respaldarlo, especialistas consultados por El Cronista explicaron cuáles son los límites constitucionales y procesales que rodean a un funcionario de su rango y qué escenarios podrían abrirse en adelante.
Qué decidió Ariel Lijo en la causa Adorni
Ayer, el juez Ariel Lijo levantó el secreto fiscal respecto del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti. De esa manera, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) quedó autorizada a revelar información confidencial vinculada a declaraciones juradas, ingresos, bienes y movimientos bancarios.
Además, el magistrado que había sido ternado para integrar la Corte Suprema por el gobierno de Javier Milei también dispuso revisar las comunicaciones del periodista Marcel Grandío, persona con la que el funcionario viajó a Punta del Este para el feriado de carnaval en un avión privado.
Paralelamente, el abogado Gregorio Dalbón pidió ampliar la causa para investigar la posible existencia de sobresueldos dentro del Poder Ejecutivo.
El planteo se vincula con la decisión política de Javier Milei de congelar las dietas del gabinete nacional hasta diciembre de 2025, cuando finalmente se habilitó un incremento para los ministros. La sospecha recae en que los funcionarios habrían recibido dinero sin declarar.
Existe el antecedente de “sobresueldos” de la década de 1990, que derivó en un juicio en el que fue condenado, entre otros, el expresidente Carlos Menem.
¿Puede ser detenido el jefe de Gabinete?
Mientras el tema dominaba las redes sociales y crecían las especulaciones sobre una eventual indagatoria o detención, especialistas en derecho constitucional comenzaron a explicar cuáles son los límites legales de ese escenario.
“Puede ser llamado a indagatoria, pero no puede ser detenido porque, al ser un funcionario susceptible de juicio político, la ley de inmunidad exige primero la destitución”, explicó a El Cronista un constitucionalista consultado.
En el caso del jefe de Gabinete, el mecanismo institucional previsto por la Constitución es la denominada “moción de censura”, incorporada en la reforma constitucional de 1994 cuando se creó la figura del ministro coordinador como forma de atenuar el presidencialismo.
El artículo 101 establece que la Cámara de Diputados puede interpelarlo formalmente y removerlo con mayoría absoluta de sus miembros. Sin embargo, aunque existieron antecedentes de intentos de aplicación, nunca prosperaron.
De hecho, sectores opositores descartan por ahora forzar una votación porque entienden que no cuentan con los números suficientes y que una derrota parlamentaria podría terminar fortaleciendo al oficialismo.
La cronología del caso
Las investigaciones sobre el jefe de Gabinete no han cesado desde que se conoció que su esposa había viajado en un vuelo oficial a Nueva York.
Si bien aquel suceso fue descartado por la justicia, aparecieron otros indicios que llevaron a la confección de los expedientes que hoy radican en Comodoro Py.
Por ejemplo, se puso el ojo sobre los viajes no oficiales del jefe de Gabinete, uno de ellos en avión privado a Punta del Este.
Además, se comenzó a investigar la ingeniería contable detrás de la adquisición de un departamento en el barrio de Caballito y otro en un country.
Más tarde, los indicios que investiga la Justicia apuntan a la remodelación de esos inmuebles. La principal sospecha recae sobre si los montos pagados coinciden o no con los ingresos familiares de Adorni.
La “doctrina Irurzun” en el caso Adorni
Otro de los puntos que ingresó en el debate público fue el pedido de la diputada Marcela Pagano para que se aplique la llamada “doctrina Irurzun”.
La referencia apunta a una interpretación judicial bautizada con el apellido del juez Martín Irurzun, utilizada en causas de corrupción para justificar detenciones preventivas de exfuncionarios bajo el argumento de que todavía conservaban “poder residual” para entorpecer investigaciones.
Ese criterio fue utilizado, por ejemplo, en las detenciones del exvicepresidente Amado Boudou y del exministro Julio De Vido.
Sin embargo, el pedido fue rechazado por el fiscal Gerardo Pollicita. Aun así, dentro del expediente quedó incorporada la declaración del contratista Matías Tabar, quien aseguró que el funcionario le habría dicho: “Podés contar conmigo para lo que necesites. Tenés todo mi apoyo. Te van a estar llamando de mi equipo. El abogado”.
El respaldo de Milei y la advertencia de Bullrich
En medio de la presión opositora, el presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente a su jefe de Gabinete y aseguró que “los números están en orden” y que la documentación será presentada en los próximos días.
“Ni siquiera a nosotros nos genera alguna preocupación al respecto porque tiene todos los números en orden”, sostuvo el mandatario en una entrevista televisiva.
Las declaraciones llegaron poco después de que Patricia Bullrich, actual senadora y exministra de Seguridad, pidiera públicamente que el funcionario exhiba rápidamente sus ingresos “de forma contundente”. “Porque sino el proyecto sufre, eso es lo más importante”, sostuvo Bullrich.
Dentro del oficialismo, las palabras fueron leídas como la primera toma de distancia pública relevante respecto del caso.
Aunque la dirigente no formuló acusaciones directas, distintos sectores interpretaron el mensaje como un gesto político en momentos en que la situación judicial del funcionario comienza a impactar en su imagen pública.