El inminente envío al Congreso del proyecto de desregulación inmobiliaria abre un escenario de fuerte debate en el sector. La iniciativa, que impulsa el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, apunta a eliminar lo que el Gobierno considera “costos ocultos” en las operaciones, pero al mismo tiempo anticipa resistencias de actores que hoy forman parte del esquema vigente.
La preocupación no es menor. El mercado inmobiliario argentino arrastra años de baja actividad, escaso crédito y altos costos de transacción. En ese contexto, cualquier cambio estructural genera incertidumbre: desde colegios profesionales hasta intermediarios tradicionales advierten sobre el impacto en la actividad, mientras que desde el oficialismo sostienen que el sistema actual está sobrerregulado y encarece cada operación.
El tema se viene trabajando hace casi ya un año, como anticipó El Cronista.
El diagnóstico del Gobierno es claro: existen barreras de entrada, aranceles mínimos y restricciones que limitan la competencia y terminan trasladándose al precio final. “Privilegios creados por ley”, según definió el propio Sturzenegger, que impiden que los servicios se valoren por calidad y eficiencia.
En ese marco, uno de los ejes centrales será avanzar hacia un esquema más flexible, donde la intermediación deje de ser una actividad fuertemente regulada para pasar a un modelo más abierto. La figura del corredor independiente, la eliminación de restricciones geográficas y la posibilidad de acordar honorarios libremente aparecen como cambios clave.
Detrás de estas medidas hay un objetivo concreto: reducir costos. Hoy, la intermediación puede representar más del 6% del valor de una operación, a lo que se suman gastos administrativos, tasas y procesos burocráticos que funcionan como un impuesto indirecto sobre la propiedad.
En ese contexto, Jorge Amoreo Casotti, CEO de Pint y uno de los principales impulsores de la desregulación, anticipó en diálogo con El Cronista que “esto va a ser muy combatido y vamos a necesitar voces que lo defiendan, no solo desde lo económico sino también desde lo moral”.
Según explicó, la iniciativa no busca eliminar la actividad sino volver voluntarios muchos de los requisitos actuales y habilitar la figura del corredor independiente, por fuera de esquemas obligatorios.
También apuntó contra los costos que hoy enfrenta el sector: “La intermediación puede superar el 6% del valor de una operación y muchos matriculados están obligados a pagar cuotas altas incluso sin tener actividad real”.
Para Casotti, avanzar hacia un modelo sin restricciones geográficas y con menor carga regulatoria permitirá “abrir el juego a la innovación y reducir de manera concreta los costos de intermediación”.
La apuesta oficial es que, al eliminar estas distorsiones, aumente la competencia y surjan nuevos modelos de negocio, con servicios más eficientes y baratos. Sin embargo, el camino no será sencillo. El propio Gobierno anticipa que será una “batalla importante”, con intereses consolidados que buscarán frenar los cambios.
A la par, el proyecto se complementa con una visión más amplia: la expansión del crédito hipotecario. Con una baja penetración del sistema financiero y un alto volumen de ahorros fuera del circuito formal, la expectativa es que una mayor estabilidad macroeconómica permita canalizar esos recursos hacia préstamos de largo plazo.
Si ese proceso se consolida, el impacto podría ser significativo: más crédito, más operaciones y un mercado más dinámico. Pero el desafío inmediato sigue siendo otro: cómo transitar la transición sin generar mayor incertidumbre en un sector que ya viene golpeado.
Entre la preocupación por lo que se viene y la promesa de menores costos, la desregulación inmobiliaria se perfila como uno de los debates económicos más relevantes de los próximos meses.