El debate por la modificación de la Ley 26.122 volvió a poner en el centro de la escena una de las tensiones clásicas de la democracia argentina: el equilibrio entre el Congreso y el Poder Ejecutivo frente al uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU).
El informe del Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo (ODCL) de la Universidad Austral, presentado en septiembre de 2025, revela datos que ayudan a dimensionar un fenómeno que creció con fuerza en los últimos 30 años y que, en el caso del actual presidente Javier Milei, adquiere un carácter estratégico debido a su debilidad parlamentaria.
Según el relevamiento, desde la reforma constitucional de 1994 se dictaron 961 DNU, de los cuales 458 corresponden al período posterior a la sanción de la Ley 26.122 en 2006, que estableció un marco de control legislativo. Sin embargo, en la práctica ese control fue escaso: apenas 6 decretos fueron rechazados por una Cámara y solo 2 veces ambas Cámaras coincidieron en derogarlos. Esta baja tasa de rechazo convirtió a los DNU en un instrumento que, aunque excepcional en la letra de la Constitución, se transformó en un recurso ordinario de gobierno.
El informe también traza un ranking de los presidentes que más apelaron a esta vía. Carlos Menem inauguró la práctica en los años 90 con más de un centenar de decretos firmados en dos mandatos. Fernando de la Rúa, en apenas dos años, superó la treintena.
Los gobiernos kirchneristas, primero con Néstor Kirchner y luego con Cristina Fernández, mantuvieron un uso sostenido que acumuló alrededor de 200 decretos en total. Mauricio Macri, con minoría legislativa, recurrió a unos 70, en especial en sus primeros años. Alberto Fernández firmó cerca de un centenar, con picos durante la pandemia.
En este contexto, el caso de Javier Milei destaca por la intensidad con la que desplegó los DNU desde el inicio de su gestión. Su "mega DNU" de diciembre de 2023, que desreguló amplios sectores de la economía, marcó un antes y un después en la relación con el Congreso y con la Justicia. A pesar de los cuestionamientos, ese decreto se mantuvo vigente gracias a la imposibilidad de ambas Cámaras de rechazarlo de manera conjunta, lo que evidenció la fragilidad del sistema de control.
La explicación central radica en el escenario parlamentario. Milei gobierna con menos del 15% de las bancas en Diputados y sin mayoría en el Senado, lo que lo obliga a negociar cada ley o, en su defecto, a utilizar herramientas extraordinarias para avanzar con su agenda. El informe subraya que este tipo de uso intensivo de los decretos desnuda una tensión estructural: los DNU fueron concebidos para situaciones excepcionales, pero la debilidad política de un Ejecutivo puede convertirlos en la vía ordinaria de gobierno.
Las modificaciones con media sanción en el Senado buscan limitar este desvío. Entre los cambios centrales se destacan: la exigencia de que cada decreto trate una única materia, la obligación de que sean aprobados en un plazo máximo de 90 días y la prohibición de que el Ejecutivo reitere un decreto rechazado en el mismo período parlamentario. Se trata de avances significativos, aunque el informe advierte que para que funcionen en la práctica será necesario un cambio cultural: un Congreso dispuesto a ejercer su rol de contrapeso más allá de la conveniencia coyuntural de oficialismos u oposiciones.
La historia reciente demuestra que el uso de los DNU crece cuando los presidentes enfrentan legislaturas adversas. Menem los utilizó para acelerar reformas sin resistencias. Macri y Fernández lo hicieron para sortear bloqueos legislativos. Y Milei, quizás más que ninguno de sus antecesores, se apoya en ellos para sostener un programa económico que difícilmente lograría aprobar por la vía ordinaria.
La pregunta que deja abierto el informe es si la reforma a la Ley 26.122 logrará revertir este patrón o si la política argentina seguirá validando, por acción u omisión, que el decreto de necesidad y urgencia funcione como un atajo presidencial frente a la ausencia de mayorías en el Congreso.
La discusión en Diputados
La oposición en Diputados consiguió este martes dictamen de mayoría para avanzar con la modificación de la Ley 26.122, que regula el trámite de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
El proyecto, ya aprobado por el Senado, fija nuevas limitaciones al uso de esta herramienta presidencial: establece que un DNU queda sin efecto si una de las dos cámaras lo rechaza, impide que se incluyan múltiples temas en un mismo decreto y fija un plazo de 90 días para su tratamiento parlamentario, tras el cual pierde vigencia si no es ratificado.
La iniciativa, respaldada por Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, obtuvo 35 firmas en el plenario de comisiones, mientras que los libertarios y la Coalición Cívica presentaron dictámenes propios en minoría.
Aunque la oposición tiene mayoría simple para sancionar la ley, no reúne los dos tercios necesarios para sortear un eventual veto de Javier Milei, dado que la UCR y el PRO se abstuvieron de firmar.
El Gobierno observa con preocupación este avance legislativo, ya que Milei recurrió a más de 80 DNUs en menos de dos años de gestión, amparado en su debilidad parlamentaria. En paralelo, la oposición prepara una sesión cargada de emplazamientos e interpelaciones a funcionarios clave, entre ellos el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
