El debate sobre sobre la informalidad laboral se intensificó a partir de la aprobación de la reforma de modernización laboral impulsada por el Gobierno, presentada por el oficialismo como una herramienta para incentivar la contratación formal y cuestionada por sectores sindicales y parte de la oposición, que sostienen que el nuevo esquema reduce costos de despido más que promover la creación de empleo registrado.
La discusión se desarrolla además en paralelo a la judicialización de distintos aspectos de la reforma y a un mercado laboral que continúa mostrando altos niveles de informalidad. Según distintas mediciones recientes, el empleo no registrado se mantiene en torno del 40% de los ocupados, mientras que la tasa de desempleo alcanzó el 7,5% en el cuarto trimestre de 2025.
En ese contexto, un informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado Salaried Labor Costs in Latin America and the Caribbean: A Ten-Year Update, (Costos laborales asalariados en América Latina y el Caribe: una actualización de diez años) incorporó un indicador que busca medir cuánto cuesta formalizar un trabajador en la región.
El estudio sostiene que “el costo de formalizar a un trabajador en América Latina y el Caribe es elevado. En promedio, el costo del empleo asalariado formal es alrededor de un 88% más alto que los ingresos de los trabajadores informales. Esta amplia brecha genera un desincentivo significativo para que las empresas creen empleos formales asalariados, especialmente en economías con una alta prevalencia de firmas de baja productividad”.
El informe incorpora el denominado CFIL (Cost of Formalizing Informal Labor), un indicador que mide el costo de pasar un trabajador desde la informalidad al empleo formal. Allí, la Argentina aparece dentro del grupo de países con costos altos de formalización, junto con Uruguay y Colombia, aunque por debajo de economías como Honduras o Costa Rica.
El BID diferencia además entre el salario y los llamados “costos laborales no salariales”, es decir, contribuciones patronales, seguros, licencias pagas, aguinaldo, indemnizaciones y otros mecanismos vinculados a la protección laboral.
“Los costos laborales no salariales en la región promedian alrededor del 51% de los salarios, impulsados en gran medida por las contribuciones obligatorias a los sistemas de seguridad social y por las regulaciones de protección del empleo”, señala el trabajo.
En el caso argentino, el informe ubica al país entre los de mayor carga relativa de la región. Según los cálculos del BID, los costos laborales no salariales equivalieron al 69% del salario promedio formal en 2023, por encima del promedio regional de 51,2%. Sólo Brasil y Perú mostraron niveles superiores.
“Países como Argentina, Brasil y Perú presentan algunos de los costos laborales no salariales más altos de la región, con niveles que se acercan o superan el 70% de los salarios”, sostiene el documento.
Los datos del BID muestran además que la estructura contributiva argentina se encuentra entre las más elevadas de América Latina. Las contribuciones obligatorias vinculadas a pensiones, salud y otros conceptos representaron el 41,9% del salario promedio formal en 2025. De ese total, 21,8 puntos correspondieron a aportes previsionales y 13,6 puntos a salud.
El informe también remarca que el problema no responde únicamente al nivel de costos, sino al modo en que se financian los sistemas de protección social en la región.
“En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, el acceso a la protección social está estrechamente vinculado al empleo formal. Si bien este modelo puede brindar una cobertura adecuada en contextos de alta formalidad, se vuelve problemático en economías con una informalidad extendida”, plantea el BID.
El trabajo advierte además sobre un efecto de retroalimentación entre informalidad y financiamiento del sistema previsional y de protección social.
“Los altos costos laborales pueden desalentar la contratación formal, contribuyendo a la informalidad, que a su vez debilita la base de financiamiento de los sistemas de protección social, reforzando aún más la dependencia de las contribuciones sobre la nómina”, señala el informe.
Dentro de ese esquema, el BID incluye entre los componentes del costo laboral las indemnizaciones y mecanismos de protección frente al despido. Para el caso argentino, calcula indemnizaciones equivalentes a 150 días y preavisos de 60 días para trabajadores con cinco años de antigüedad.
El informe aclara que esos costos fueron calculados “monetizando” el costo potencial de despido y estimando cuánto debería ahorrar mensualmente una empresa para afrontar esas contingencias futuras.
Parte de la discusión pública en la Argentina gira justamente alrededor de ese punto. La reforma laboral aprobada este año incorporó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema que habilita mecanismos de capitalización para reemplazar parcialmente el sistema tradicional de indemnizaciones.
El Gobierno sostiene que la modificación apunta a reducir incertidumbre y previsibilidad para las empresas. Durante el cierre de Expo EFI 2026, el presidente Javier Milei defendió la reforma y afirmó: “Puede ser que no les guste el tipo de empleo. Cayeron los registrados y subieron los independientes, por eso sacamos la ley de Modernización Laboral”.
Las críticas de sindicatos y sectores opositores apuntan, en cambio, a que el nuevo esquema podría facilitar desvinculaciones y reducir el costo esperado de despido.
El BID no evalúa específicamente la reforma argentina, pero sí introduce otro elemento que considera central para explicar las diferencias entre países: la productividad.
“La carga de los costos laborales depende no solo de su nivel, sino también de la productividad. En economías con menor productividad, incluso costos laborales moderados pueden representar una barrera significativa para el empleo formal”, sostiene el informe.
En ese punto, el estudio identifica diferencias importantes dentro de América Latina. Los países con menor productividad relativa enfrentan mayores dificultades para absorber costos de formalización elevados. El informe destaca además que el costo mínimo del trabajo asalariado en la región pasó de representar el 38,4% del PBI por trabajador en 2013 al 43,1% en 2023.
En paralelo, el trabajo señala que la Argentina no registró aumentos significativos recientes en las contribuciones patronales, aunque partía de niveles históricamente altos. Entre 2013 y 2025, las cargas contributivas argentinas crecieron apenas 0,9 puntos porcentuales.
El BID también observa que el salario mínimo argentino permaneció relativamente estancado en términos reales durante la última década, a diferencia de otros países de la región donde el aumento fue más pronunciado.
El informe concluye que la discusión sobre informalidad y empleo formal no depende exclusivamente de las regulaciones laborales, sino también del modo en que se financian los sistemas de protección social.
“Reformar la forma en que se financia la protección social —avanzando más allá de las contribuciones basadas en la nómina— podría ayudar a ampliar la cobertura y reducir las distorsiones en los mercados laborales”, plantea el BID.