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Horas después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, intentara dar por cerrada la polémica sobre los créditos hipotecarios del Banco Nación entregados a funcionarios, el banco confirmó que realizó una auditoría sobre los créditos.
La entidad aseguró a El Cronista que planea presentar la información ante la justicia en los casos en los que se presentaron denuncias. Al momento, hay tres planteos presentados en distintos tribunales.
Caputo sostuvo que no hubo irregularidades en el otorgamiento de los créditos a varios funcionarios, entre ellos sus muy cercanos colaboradores, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el asesor y director en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez, así como también otros funcionarios en el directorio del Banco Central, como Juan Pedro Inchauspe.
Además, invitó a que las personas saquen un crédito hipotecario: “Es una oportunidad única. El crédito hipotecario es un motor de reactivación fenomenal, además es la mayor justicia social”.
Las dudas que se plantean
En medio de los cuestionamientos por los montos, celeridad de los trámites y las condiciones de empleo, dado que los funcionarios dependen de decretos y no tienen contratos constantes, el ministro redobló la apuesta y compartió una publicación de un periodista que repasa créditos de diputadas y senadoras opositoras, como Anabel Fernández Sagasti o Julia Strada. La primera, tomó el crédito en 2018, y la segunda, en marzo de este año, según compartió el ministro. Lo cierto es que, para el caso de esta última, los números no son contrastables con la información pública que difunde el Banco Central, que cuenta con datos hasta enero de 2026.
El ministro comentó: “Felicitaciones a ambas. Gran decisión. Dos votos inesperados para el presidente Javier Milei en el 2027”.
El canciller Pablo Quirno se sumó a la polémica y respondió que los fondos del Banco Nación responden a los depósitos de los clientes y que no se trata de fondos públicos. Las respuestas a ese planteo se desprendieron del hecho de que el Banco Nación pudo sostener una tasa hasta dos puntos menor a la que otorgaban los bancos privados, en especial luego del desarme de las LEFI, que hizo explotar la volatilidad de la tasa de interés.
En paralelo, desde la Cámara de Diputados reclaman la entrega de información sobre los créditos. El diputado Esteban Paulón pidió que se informe si hubo trato preferencial en términos de plazos para acceder al crédito y en el monto total del financiamiento, ya que, consideró, en los bancos privados no hubieran accedido a esos montos y tasas, dada la inestabilidad del contrato que detentan.
Los montos otorgados están respaldados por los contratos que los funcionarios tienen o tenían con los bancos en los que estaban designados, más allá de su rol de asesoría en el Ministerio de Economía, el cual era ad honorem. El diputado estimó que los salarios del directorio del Banco Central oscilan entre los $ 20 y $ 30 millones.
Respecto a los plazos, el proceso de acceso al financiamiento estuvo demorado a mediados del año pasado. El Banco optó por agilizar el trámite y trasladar todos los pasos iniciales a su web, lo que permitió acelerar los tiempos de espera.
Fuente: vecteezy
El diputado también cuestionó el hecho de que una de las que figura en la lista sea la diputada Lorena Villaverde, condenada en Estados Unidos y con los bienes embargados por una causa local.
La respuesta del Banco Nación
Mario Zagaglia, ejecutivo del Banco Nación, descartó que haya un “acomodo” y aseguró que los créditos se dan según la normativa vigente del banco. Planteó además que el organismo admite hasta dos codeudores, lo que incrementa el monto de respaldo, y sumó que la inestabilidad laboral no es un tema porque también se analiza el pasado de la persona para hacer el historial crediticio así como la garantía de la propiedad, que le mejoran las condiciones de seguridad al crédito.
El funcionario le restó relevancia a la cantidad de créditos, pero Paulón enfatizó en que dentro de los 27.000 préstamos del Banco Nación, 1400 fueron otorgados a funcionarios, diputados o personas cercanas a La Libertad Avanza en el país.
El último planteo que viene desde el Congreso tiene que ver con el uso o no de información privilegiada por parte de los funcionarios beneficiados. Es que el cuestionamiento apuntó a los designados en el Banco Central y el Ministerio de Economía. “Tienen acceso a información privilegiada, y hay que investigar si no hay tráfico de influencias o conflicto de intereses, que son delitos”, sentenció Paulón en Buenas Tardes China.