Argentina mostró avances en la investigación del cohecho internacional —con 17 denuncias nuevas desde 2017 y la primera condena a una persona física en 2025—, pero todavía arrastra trabas que frenan la detección y penalización de estos delitos. El punto más débil, según la OCDE, sigue siendo la falta de protección a denunciantes. El planteo surge del último informe del Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales, que monitorea cómo se aplica la convención contra el soborno en el exterior. El balance combina mejoras puntuales con una lista concreta de pendientes, sobre todo en tiempos judiciales y capacidad de avanzar en los casos. El organismo detalla que desde la evaluación de 2017 se sumaron 17 denuncias por cohecho en el extranjero (2017–2025, OCDE) y en 2025 se resolvió el primer caso contra una persona física (OCDE). Pero al mismo tiempo, ninguna empresa fue investigada ni sancionada bajo la Ley de Responsabilidad Empresaria en ocho años (2017–2025, OCDE), lo que deja al régimen corporativo prácticamente sin uso. En este caso en particular, el informe se centra en el cohecho internacional —el pago de sobornos a funcionarios extranjeros para obtener ventajas comerciales—, un delito que la Convención de la OCDE obliga a investigar y sancionar. “Los casos siguen experimentando retrasos, lo que plantea dificultades en materia de pruebas y de plazos de prescripción”, advierte el informe. Y agrega: “son muy pocos los casos que avanzan hasta el enjuiciamiento”. Una de las fallas de base “sigue siendo la ausencia de un marco jurídico que proteja a los denunciantes”, señala la OCDE. En términos más amplios, el organismo sostiene que el país “continúa enfrentándose a barreras estructurales que limitan la detección y aplicación de la ley”. Pese a eso señala que hay mejoras en la capacidad del Estado. Áreas como la PROCELAC (criminalidad económica) y la DAJUDECO (asistencia judicial en delitos complejos) “han reforzado sus capacidades analíticas” y avanzaron en cooperación internacional y coordinación entre organismos. La OCDE, de hecho, “acoge con satisfacción” esos avances. El informe se publica, además, en medio del proceso de adhesión de Argentina a la OCDE, que implica ajustar reglas e instituciones a los estándares de los países desarrollados. En ese marco, la evaluación sobre cohecho internacional funciona como una prueba concreta: no alcanza con la ley, también pesa qué tan bien se aplica. Las recomendaciones apuntan directo a esos cuellos de botella. La OCDE pide la protección de los denunciantes, acelerar los procesos, aplicar plenamente el Código Procesal Penal Federal y completar los cargos judiciales. Así, el checklist detallado incluye: Si se mejora la protección a denunciantes y se acortan los tiempos de los casos, debería subir la cantidad de investigaciones que llegan a juicio, plantea el organismo. El pendiente es que las denuncias se transformen en causas concretas y en las primeras sanciones a empresas.