Los concursos preventivos de crisis aumentaron un 131,7% entre 2023 y 2025, mientras que el primer trimestre del año ya registra más que los abiertos en 2021 y se acerca al nivel de 2020.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial registró que en el primer trimestre del año se abrieron 92 procesos concursales, informó el abogado de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Germán Pizzano.
Así, los primeros tres meses del año superaron el registro de 2021 (77), 2022 (69), 2023 (82) y 2024 (75). En 2025 se registraron 190 solicitudes mientras que en 2020, pleno año de pandemia, hubo 106 procesos concursales.
Los datos fueron expuestos en la presentación del 7º Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción. Allí, también planteó la problemática que suponen los embargos para las empresas, que obstaculizan la posibilidad de la continuidad de las operaciones y tienen demoras para levantar el embargo, aún cuando se regularizó la situación.
Es por eso que, dentro del proyecto de emergencia pyme que IPA presentó a legisladores, se incluyen ideas para aliviar la situación judicial. Entre ellas incluye la posibilidad de facilitar el acceso al concurso preventivo para evitar embargos, extender de 90 a 180 días el plazo de solución de pago, suspender las ejecuciones para frenar la desinversión, frenar los embargos.
Además, proponen estrategias para el alivio de deuda. El presidente de IPA, Daniel Rosato, detalló que buscan un “salvataje nacional para pymes” que brinde financiamiento blando con tasas más reducidas, una emergencia tarifaria e impositiva, así como la transferencia de la morosidad de las empresas a planes de pago a 80 meses, que les permitan seguir produciendo para reestablecer el normal funcionamiento.
También piden la baja del IVA, exención de débitos y créditos, esquemas para regularizar deudas tributarias y aduaneras, así como la condonación de multas, para avanzar en evitar embargos.
En el frente del empleo, siendo la industria una de las ramas más golpeadas que en dos años perdió 77.000 puestos de trabajo, piden que se les otorguen bajas en contribuciones patronales.
Todas las medidas tendrían vigencia por un año, incluida la posibilidad de frenar embargos, que vendría de la mano de evitar que se realicen despidos sin causa.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también le había pedido al ministro de Economía, Luis Caputo, que ARCA suspenda los embargos hasta que no salga la nueva Ley de Inocencia Fiscal, y que si el contribuyente regulariza su deuda en 15 días, la multa se reduzca en un 50%.
También pidió que se aplique un régimen de facilidades de pago de hasta 48 cuotas con una condonación del 50% de intereses devengados y una tasa de financiación del 50% de la tasa pasiva del Banco Nación.
A esto se suman la caída de ventas y los retrasos en la cadena de pagos, que tensión más el frente financiero de las compañías.
En el primer trimestre del año, la caída de la facturación alcanzó al 57% de las pymes, explicada principalmente por la retracción del mercado interno, según el Observatorio Pyme.
El 87% de las empresas consideró que esta es la principal problemática, mientras que el aumento de los costos afectó al 67% de las firmas.
También aumentó la preocupación por el retraso de los pagos de clientes, que salto del 35% al 60% de las empresas afectadas.