El Gobierno de Javier Milei presentará una apelación al fallo que suspendió el feriado por el Día del Trabajador Estatal. Lo adelantó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien además cuestionó a la jueza Moira Fullana por dejar sin efecto la medida del Ejecutivo.

"La mafia sindical consiguió que la casta judicial, en tiempo récord, le proteja nuevamente uno de sus privilegios", comenzó Adorni su posteo en la red social X.

Acto seguido, hizo una aclaración: "La cautelar dictada esta noche por la jueza militante Moira Fullana, suspendiendo los efectos del DNU que elimina el "feriado" del 27 de junio para los empleados públicos, aplica únicamente a los representados por ATE".

Sin embargo, desde ATE, Rodolfo Aguiar, lo cruzó también en redes: "En virtud que en algunos organismos estatales hay jefes que están diciendo a aquellos trabajadores que no están afiliados a ATE que tienen que ir a trabajar, debemos decir que ESO ES FALSO. Tenemos que aclarar que jurídicamente en el ámbito público cualquier sindicato representa a todos los efectos juridicos a la totalidad del recurso humano, esté afiliado al sindicato, se encuentre afiliado a otra organización o aunque no esté sindicalizado. Mañana el 100% los empleados públicos van a celebrar su día en sus hogares y con sus familias!"

Adorni también dijo: "Tan exprés fue el fallo que la incompetente Jueza Fullana se equivocó en el artículo que pretende suspender con la medida cautelar. El Gobierno Nacional presentará, de forma inmediata, la correspondiente apelación para asegurar la eliminación de todo beneficio o prerrogativa de una casta por encima del pueblo", sentenció el funcionario.

Tan sólo 24 horas después de que el Gobierno anunciara la eliminación de la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público y en la misma jornada en la que se publicó el decreto correspondiente en el Boletín Oficial, los dos gremios que representan a los trabajadores afectados, ATE y UPCN, tomaron decisiones al respecto.

Adornihabía sido taxativo al señalar que "el Estado no es un lugar en el que debe ser posible tomarse un día sabático, ni gozar de cualquier otro privilegio".

Las respuestas no tardaron en llegar, inclusive desde la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) que conduce Andrés Rodríguez, un sindicalista de alto poder y bajo perfil que suele tener buena sintonía con todos los gobiernos.

La medida también generó la respuesta del secretario general de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quien sostuvo que "el Gobierno pretende eliminar por decreto un día histórico, el Día del Trabajador del Estado, sancionado por la Ley 26.876. "Quieren destruir el Estado y también a los estatales, por eso intentan eliminar el día que nos reconoce como tales, pero no van a poder", expresó desde sus redes sociales.

En una primera instancia, ATE llamó a "tomarse el día" porque nadie está obligado "a acatar normas contrarias" a lo que está plasmado en la Constitución Nacional. Sin embargo, también se presentó a la Justicia pidiendo una medida cautelar en la que se destaca el carácter de urgente premura de la solicitud.

Hoy por la tarde, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo n°3, aceptó la viabilidad de la acción de amparo, una medida festejada en las redes con duros términos por parte de Aguiar.

La presentación de ATE señalaba el carácter de urgente por la proximidad de la fecha cuestionada, pero aclaraban que, no obstante que era necesaria una resolución que tenga "efectos para los años siguientes".

En tanto, el gremio de Rodríguez solicitó que se dicte una medida cautelar de no innovar, suspendiendo los efectos del DNU 430/2025 hasta que se resuelva el fondo de la cuestión mediante una acción de amparo.

"Que la medida se conceda bajo caución juratoria y sin necesidad de contracautela. Que se reconozca la legitimación activa de UPCN como sindicato con personería gremial", añadieron.

"Este decreto deroga el artículo 2° de la Ley 26876, que estableció el 27 de junio como día no laborable para los trabajadores estatales, en conmemoración del Día del Trabajador y Trabajadora del Estado", señalaron.

Destacaron que el mencionado decreto "se emitió sin fundamentos que justifiquen la necesidad y urgencia", que deroga una norma sancionada por el Congreso, sin respetar la división de poderes, mientras el "Congreso está en funcionamiento.

Para UPCN se afectan "derechos laborales adquiridos desde 2013, libertad sindical y derecho al descanso, amparados por la Constitución Nacional y tratados internacionales".

Además apuntan a que el DNU se publicó dos días antes de la conmemoración, "afectando la organización personal y familiar de los trabajadores. La eliminación repentina del asueto puede generar pérdidas salariales (ej. presentismo) y no permitiría revertir el daño incluso si el DNU fuera luego declarado inconstitucional".