La negociación judicial por las 300 vacantes en la Justicia Federal, el Procurador General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia volvió a causar ruido en la agenda política, pero aún no hay una mesa de diálogo definida. Pese a que empezaron a enviar señales de acercamiento, la discusión aguarda un problema mayor: quién liderará la estrategia. Tal como adelantó El Cronista, el final del período electoral despejó el camino para los temas pendientes y en el Gobierno ya se anticipan con que deberán enviar los pliegos y ponerse al hombro la negociación con los opositores para conseguir una mayoría que permita completar la Corte. El plan va articulado con los intereses de los gobernadores para influir con sus propias propuestas para cubrir juzgados federales: todo forma parte de la misma negociación. “Tenemos que mandar todo, eso seguro”, afirmó una fuente judicial de Balcarce 50 ante este medio. Con la nueva composición parlamentaria, el escenario será muy distinto. A priori, la bancada violeta que liderará Patricia Bullrich tendrá 21 alfiles que le permitirán elegir con quién negociar. Ya algunos actores libertarios anticiparon que se ven cómodos con el kirchnerismo, que a su vez se entusiasma con comenzar a acercar puentes para que, juntos, definan a los candidatos. “Sería lo más lógico”, lanzó un alfil del Gobierno en el Congreso. ¿Por qué? Si bien los senadores que responden a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner perderán poder de fuego a partir del 10 de diciembre, podrían aportar el número suficiente para que el Gobierno no tenga que recurrir a otros espacios políticos y fragmentar la negociación entre radicales y partidos provinciales. Esto daría un giro en la estrategia que en su momento fracasó rotundamente. Cuando el asesor presidencial Santiago Caputo quiso imponer a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla no se abrió al diálogo y como consecuencia el Senado, en colaboración con la gran mayoría de los bloques, rechazó ambos pliegos. Desde el peronismo se cansaron de denunciar que no corrían llamados y, frente a la posibilidad de ampliar los integrantes de la Corte Suprema de Justicia para flexibilizar la negociación, el Gobierno se negó rotundamente a discutirlo sin primero asegurarse sus candidatos. Un giro en esa determinación podría ser decisiva: el kirchnerismo quiere promover una mujer en el máximo tribunal y por eso insiste con imponer un nombre propio. El año pasado impulsaban a María de los Ángeles Sacnún de Santa Fe, y ahora flota el nombre también de Anabel Fernández Sagasti, la figura de Cristina en el Senado a quien, además, apuntan como posible interlocutora con el Gobierno de Milei. Desde su entorno lo desmintieron. Pero difícilmente podrán elegir candidatos si tampoco hay claridad sobre quiénes son los autorizados a definirlos. La cartera de Justicia la maneja el asesor presidencial a través del vice, Sebastián Amerio, a quien se barajó como posible sucesor de Mariano Cúneo Libarona. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, bloqueó esa maniobra y le pidió al ministro que no renuncie hasta principios del año entrante. Como él ya había anunciado su renuncia, la cartera quedó en vilo. A la acefalía irregular en Justicia producto de la avanzada de Karina Milei en el Gabinete tras la victoria electoral se suman los trascendidos de que la propia hermana del Presidente es quien mantiene contactos con Cristina Kirchner. En el menemismo, los alfiles de la líder violeta niegan involucrarse en la negociación, pero otras fuentes ante la consulta de El Cronista aseguraron que “alguien del karinismo” podría intervenir esta vez. “Mucho ruido y nada concreto. No hay cambios de ninguna índole. Seguimos trabajando como veníamos”, definió ante este medio desde el entorno del asesor presidencial. Todo indica que la definición por los candidatos se pospondrá hasta que se resuelva el control de la estrategia judicial en el propio Gobierno, lo cual no asoma con ordenarse aún. Por caso, otro de los intereses de Santiago Caputo es quedarse con el puesto del Procurador General, que también necesita de dos tercios de los presentes, la misma mayoría que un pliego para la Corte Suprema. El jefe de los fiscales se verá aún más empoderado por la implementación del Sistema Acusatorio y el Gobierno está dispuesto a negociar una vacante en la Corte o el subprocurador para conseguirlo: el nombre de Amerio también había sonado para ese puesto.