En esta noticia
En un movimiento que marca un punto de inflexión en la gestión de los servicios públicos y de las privatizaciones, el Gobierno nacional oficializó este viernes el llamado a licitación pública nacional e internacional para la venta de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA). A través de la Resolución 704/2026, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, se puso en marcha el proceso para transferir el 90% del paquete accionario de la principal operadora de agua y cloacas del país a manos privadas.
La medida se enmarca en la Ley Bases, que declaró a la compañía “sujeta a privatización”. Para el Palacio de Hacienda, el objetivo es doble: terminar con el déficit operativo que el Estado cubría con fondos públicos y atraer inversiones que permitan expandir la red de servicios básicos. “El Estado debe dejar de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras e inversión privada”, sentenció Caputo tras la firma de la resolución.
Privatización de AySA: quiénes pueden comprarla y cuáles son las exigencias
La licitación N° 504/2-0003-LPU26 no tiene un precio base mínimo, aunque en el mercado se estima que la operación podría rondar los u$s 500 millones. Sin embargo, no cualquier inversor podrá quedarse con la empresa. El pliego es restrictivo en cuanto a la capacidad operativa de los oferentes.
Entre los requerimientos para quedarse con AySA, destacan:
- Experiencia comprobable: solo podrán presentarse empresas o consorcios que acrediten experiencia previa en la prestación de servicios de agua y saneamiento a gran escala.
- Solvencia financiera: el comprador deberá demostrar capacidad para financiar el plan de obras sin asistencia del Tesoro Nacional.
- Plazo de concesión: el adjudicatario operará el servicio por un período de 30 años.
- Participación de los trabajadores: el 10% del capital social permanecerá en manos de los empleados mediante el Programa de Propiedad Participada (PPP).
Entre los nombres que ya suenan en el sector figuran el grupo local Roggio (con experiencia en Córdoba), la multinacional francesa Veolia y gigantes del sector saneamiento provenientes de Brasil, que mostraron interés tras el éxito de procesos similares en su país.
Tarifas: el fin de los subsidios y el nuevo esquema de costos
Una de las mayores preocupaciones para los usuarios es el impacto en la factura mensual. El nuevo contrato de concesión establece que la tarifa dejará de ser una herramienta política para convertirse en un mecanismo de sustentabilidad.
El modelo migrará hacia un esquema de “Tarifa por Costo de Explotación”. Esto significa que el valor del servicio deberá cubrir no solo la operación diaria (salarios, energía y químicos), sino también las amortizaciones por las inversiones realizadas. El contrato prevé revisiones tarifarias ordinarias cada cinco años, pero también incluye cláusulas de ajuste automático por inflación y variaciones en los costos operativos, para evitar el desfasaje financiero que históricamente afectó a la empresa bajo gestión estatal.
Si bien esto implica una tendencia al alza en los valores nominales, el Gobierno asegura que la eficiencia privada permitirá optimizar los costos de gestión, reduciendo el peso de la burocracia en el precio final.
El cambio de operador no implica necesariamente el fin de los subsidios a los consumidores, dado que el Estado podría aplicarlos de igual manera. Sin embargo, la administración Milei manifestó en reiteradas oportunidades que el sendero es hacia la reducción o eliminación de esta clase de ayuda a los usuarios de servicios.
De hecho, a partir del 1 de enero de 2026, se estableció un proceso de convergencia tarifaria, lo que implica el fin de los esquemas anteriores de subsidios generales y la adecuación de las tarifas para reflejar los costos reales del servicio.
El cambio para 14 millones de personas
El impacto de la privatización es masivo: AySA presta servicio en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, un área donde viven aproximadamente 14 millones de personas. De ese total, cerca de 3 millones aún carecen de cloacas y más de un millón no tiene acceso a agua de red segura.
El contrato de concesión de AySA establece algunos hitos que la empresa que se adjudique el negocio deberá cumplir bajo su gestión:
- Prioridad en la expansión: el nuevo operador tiene la obligación contractual de cumplir con metas de expansión de red. Zonas postergadas del segundo y tercer cordón del conurbano serán el foco de las inversiones obligatorias.
- Calidad del servicio: se exige niveles estrictos de presión de agua y continuidad del servicio, un problema recurrente en las temporadas estivales.
- Control regulatorio: el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA) mantendrán su rol de auditores para asegurar que el privado cumpla con las metas ambientales y de calidad.
- Obras estratégicas: proyectos como el “Sistema Riachuelo” -una megaobra de ingeniería para el tratamiento de efluentes- pasarán a ser gestionados por el privado, buscando acelerar los tiempos de finalización que el Estado no logró cumplir.
Fechas clave del proceso de privatización
El cronograma es veloz, lo que refleja la urgencia del Gobierno por concretar la operación. El 12 de agosto es la fecha límite para realizar consultas técnicas sobre el pliego.
El 27 de agosto cerrará la presentación de ofertas a través de la plataforma CONTRAT.AR. Y ese mismo día se realizará la apertura de los sobres con las propuestas técnicas.
Con esta venta, el Gobierno de Javier Milei busca sentar un precedente. AySA es el “caso testigo” de su ambicioso plan de privatizaciones. De su éxito dependerá el ingreso de una importante cantidad de divisas al país.