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En el inicio del 2026, el gobierno de Javier Milei dispuso una serie de medidas para reforzar el recorte y la profesionalización de la planta estatal.
En primer lugar, a través del Decreto 934/2025 publicado este viernes 2 de enero en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció la suspensión general de nuevas contrataciones de personal en la Administración Pública Nacional.
La medida, que forma parte del plan de reestructuración estatal impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, busca racionalizar el gasto público, manteniendo el equilibrio fiscal como eje central del programa económico.
Por otro lado, a través del Decreto 931/2025, el Ejecutivo también instruyó al Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger a establecer medidas para "construir un sistema de empleo público basado en la transparencia, meritocracia y desempeño, con el objetivo de tener un cuerpo de empleados públicos profesionales y calificados“.
El Gobierno suspendió las contrataciones en el sector público: cuáles son las excepciones
La normativa prohíbe designaciones y contrataciones en jurisdicciones y entidades del sector público nacional bajo cualquier modalidad: desde plantas transitorias y contratos temporales hasta prestaciones de servicios autónomos.
Abarca personal permanente, transitorio, con o sin relación de dependencia, e incluye contrataciones a plazo fijo, tiempo parcial o eventual.
Sin embargo, el decreto establece excepciones en sectores considerados estratégicos. Así, quedan fuera de la restricción
- las universidades
- el Servicio Penitenciario Federal
- las Fuerzas Armadas y de Seguridad (excluyendo personal civil),
- el personal profesional de hospitales,
- centros asistenciales e institutos de investigación
- el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y el cuerpo de guardaparques nacionales.
- artistas y profesionales de la Secretaría de Cultura
- personal de gabinete
- prórrogas de contratos vigentes
- cobertura del cupo de discapacidad.
Para estos casos, el Gobierno implementó un mecanismo de reemplazo restrictivo: cada dependencia podrá incorporar un empleado por cada dos bajas que se produzcan durante 2026, siempre que no sean retiros voluntarios ni acuerdos de salida.
Además, toda incorporación requiere autorización previa de la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público, que evaluará cada solicitud antes de aprobarla.
En casos excepcionales, organismos que hayan completado un proceso de racionalización de personal podrán solicitar autorización para contratar dos empleados en reemplazo de uno, pero deberán demostrar una necesidad estratégica debidamente acreditada ante la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, con intervención de la Secretaría de Hacienda.
La norma también deroga el Decreto 1148 de diciembre de 2024 y prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la Decisión Administrativa 28 de febrero de 2024, que ya limitaba las contrataciones estatales.
Además, se establece que los representantes estatales en empresas y fondos fiduciarios controlados mayoritariamente por el Estado deberán adoptar políticas similares de restricción.
El Gobierno apuesta una profesionalización del Estado
En otro Decreto, el 931/2025, el Ejecutivo también instruyó al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a “coordinar e impulsar las medidas necesarias” para una mayor profesionalización de la planta estatal.
En particular, se buscará llevar adelante “un nuevo sistema de empleo público en el ámbito del Sector Público Nacional”. Este debería contemplar:
- mecanismos de ingreso por mérito;
- evaluación periódica del desempeño;
- movilidad basada en competencias, y;
- esquemas de remuneración vinculados a la responsabilidad y funciones.
Según el Gobierno, esto busca "garantizar la transparencia, la igualdad de oportunidades y la profesionalización de la dotación".
Oficializan los aumentos para funcionarios, pero con freno automático
En la misma medida también se oficializó la extensión de los aumentos salariales negociados para la Administración Pública a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional, excepto el Presidente y la Vicepresidente.
La medida aplica retroactivamente los incrementos acordados en 2024 y 2025 por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General.
El decreto incluye una cláusula de salvaguarda fiscal: si la administración pública presenta déficit financiero acumulado, las remuneraciones de las autoridades superiores quedarán automáticamente congeladas hasta que se restablezca el superávit.
Esta medida operará de pleno derecho, sin necesidad de un acto administrativo adicional.
Según los considerandos del decreto, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se redujo la dotación del sector público nacional en aproximadamente 60.000 agentes, generando un ahorro anual de $ 3.491.250 millones.
El Gobierno sostiene que estas políticas permitieron alcanzar 22 meses consecutivos de superávit fiscal y reducir la inflación desde el 211,4% interanual a fines de 2023 al 31,3% en octubre de 2025.
