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Desde un primer momento, el Gobierno dejó en claro que iba a hacer uso de la motosierra las veces que fuese necesario, más aún si ello contribuía a reducir el gasto público y, por ende, a sostener el superávit fiscal, el ancla innegociable para esta administración.
En ese sentido, un reciente informe del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado da cuenta de la profunda reestructuración del sector público que llevó adelante la gestión del presidente Javier Milei.
Entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, el Gobierno recortó, en términos de empleo público, 65.528 puestos de trabajo, lo que equivale a una reducción del 13% del personal y un ahorro estimado de u$s 2505 millones.
Las variables contempladas en el ahorro total, según detalla el informe, son sueldos (u$s 1252 millones) y gastos asociados en infraestructura laboral (espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios), que, por consenso, duplican el salario de los trabajadores del Estado.
“Teniendo en cuenta estos factores, el ahorro total alcanzaría los u$s 2505 millones”, señala la cartera dirigida por Federico Sturzenegger, quien en sus redes sociales expresó: “Seguimos trabajando para bajar impuestos”.
Un respetado economista, que pidió no ser identificado, precisó que si el ahorro en salarios es de u$s 1252 millones desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026, el ahorro anual estimado en términos de PBI es del 0,13%, pudiendo ascender al 0,26% incluyendo los gastos adicionales.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado detalló que para calcular el ahorro en salarios se tomaron en consideración dos variables:
- El salario promedio de febrero según el tipo de contratación. Fuentes de la cartera confirmaron a El Cronista que la cifra utilizada fue de $ 1.725.126,73, la cual surge del promedio de las diferentes categorías (planta permanente y transitoria, contratos regidos bajo la Ley Marco, contratos de LOYS, personal militar y empresas estatales).
- La conversión del salario a dólares usando el tipo de cambio nominal corregido por la desviación del tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos (promedio histórico de los últimos 15 años).
Por sectores
Dentro de la Administración Pública Nacional (APN), el ahorro varía según el tipo de contrato. En el caso del personal bajo modalidad permanente y transitoria, el ahorro total —sueldos y costos de infraestructura laboral— alcanzó los u$s 969 millones.
En los contratos regidos por la Ley Marco (regulación del empleo público), el ahorro total fue de u$s 463 millones al incluir los costos adicionales. En tanto, en los contratos de Locación de Obras y Servicios (LOYS), el ahorro alcanzó los u$s 109 millones al considerar los gastos en infraestructura laboral.
En el personal de las empresas estatales y en el personal militar se observan ahorros significativos. En el primer caso, la reducción de puestos generó un ahorro de u$s 694 millones al incluir los costos de infraestructura laboral. En el segundo, el ahorro total fue de u$s 269 millones al sumar los gastos adicionales.
“Esta medida refleja el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación de cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública“, subraya el documento.
Empleados públicos: qué dice el último informe del INDEC
Pese a diferentes metodologías y fechas de cierre de los relevamientos, el INDEC informó que en febrero la dotación de la Administración Pública Nacional fue de 276.952 cargos. Si se compara con los 341.473 de diciembre de 2023, se observa una caída de 64.521 puestos, una cifra muy cercana a la que publicó la cartera de Sturzenegger.
Entre las más relevantes, la administración centralizada (organismos que dependen del Ejecutivo) representó un 24% de esa caída, la administración descentralizada (CONICET y la ANSES, entre otras) un 34% y las empresas y sociedades un 20%.
“Todos los meses hubo una caída respecto al mes previo”, señaló el economista y titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz.
Según calculó, la administración centralizada es la que registra la mayor caída, con 15.513 cargos. Le siguen el Correo Oficial, con 5.333; la Operadora Ferroviaria S.E., con 3.746; la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con 3.267; CONICET, con 2.290; el Banco de la Nación Argentina, con 2.148; y Aerolíneas Argentinas, con 1.940.
Argañaraz remarca que, al considerar la intensidad de la reducción en cada una de las instituciones, cuatro de ellas redujeron su planta un 100%: el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), Desarrollo de Capital Humano Ferroviario (SACPEM) y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Por el contrario, las instituciones con menor reducción porcentual de cargos fueron el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) —PAMI—, con un 6%; el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, con un 7%; y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), con un 8%.