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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció hoy la puesta en marcha de la nueva Agencia Nacional de Migraciones para administrarlas de manera “integral” y lo hizo acompañada por quien será su sucesora en el cargo, Alejandra Monteoliva.

El acto se realizó en la sede de la Dirección que controla el ingreso y egreso de personas y que dependía del Ministerio del Interior. A partir de ahora, esa función pasa a la órbita de la cartera de Seguridad para mejorar la “interoperatividad”.

Previamente, ambas funcionarias habían encabezado la reunión del Consejo de Seguridad Interior con los ministros de las provincias que entienden en el tema.

Con sabor a despedida, la electa senadora nacional repasó los alcances de esa medida, realizó un repaso por los números de su gestión y dejó espacio para que también pueda expresarse públicamente su sucesora.

Bullrich, que ponderó el trabajo que había realizado el ministerio de Interior hasta el momento, detalló que de la nueva Agencia “participarán todas las provincias, con una mirada federal”.

Para la saliente funcionaria, la “mudanza” del área busca emular “un diseño que es práctica en todo el mundo” y explicó que agencias de similar estructura se pueden reconocer tanto en la Unión Europea, como en los países de Norte América como en algunos de la región.

Bullrich señaló que “Argentina está en una situación privilegiada en relación a los países vecinos que han sufrido un enorme avance del crimen organizado y que esas grandes bandas están muy controladas y en un tamaño muy reducido”.

Sin embargo, señaló que el trabajo en las fronteras tenía sus inconvenientes. Si bien el personal de Migraciones trabajaba en más de 200, en otros 600 hay personal de las Fuerzas de Seguridad que tienen que cumplir ese y otros roles de control.

“Tenemos que convertir esta dirección en una agencia que tome todos los problemas de migración que tenemos en el país. El sistema que tiene Argentina es moderno y actualizado, facilita el control migratorio de las personas, pero se genera un problema entre ese control y la realidad de los puntos migratorios en todo el país”, explicó.

En lo que fue una especie de repaso de su gestión, destacó que Argentina es el país con la tasa de homicidios más baja de todo el continente y que ese número estará por debajo de los números de 2024.

“Tenemos una concentración en territorio: el 10 por ciento del territorio tiene el 90% de los homicidios. Es ahí donde tenemos que concentrar la tarea”, dijo.

Luego afirmó que se ha batido el récord en incautación de drogas y que se trabaja con Bolivia y Paraguay para el control de avionetas que cruzan las fronteras: “Hay ciuudades pequeñas de Bolivia que tienen hasta 30 escuelas de aviación. Intentan entrar a nuestro país, a Brasil y a Chile”, añadió y luego agregó: “La lucha contra el narco la hemos logrado ganar”.

Por su parte, Monteoliva trazó algunos desafíos de lo que será su gestión.

Afirmó que profundizará las políticas que se vienen llevando adelante, tanto en materia de seguridad de fronteras, servicio penitenciario y también en lo que respecta al “orden público”.

“El gran reto es hacer sostenibles los resultados. Convencidos de que ‘el que las hace las paga’, pero que se hagan cada vez menos”, concluyó.

Las impugnaciones en el Senado

Consultada por la prensa, Bullrich reiteró su respaldo a la senadora electa por La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde, al advertir que en torno al caso hay “mucho ruido y pocas nueces”.

“Las personas, para ser expulsadas de un cuerpo, o para no entrar, tienen que tener una condena, y no es el caso de Villaverde, hay mucho ruido y pocas nueces”, expresó la funcionaria.

Bullrich sostuvo que, si Villaverde “ha sido elegida por el pueblo de Río Negro, y ratificada por la Legislatura provincial, su certificado de antecedentes la pone en el ligar de los inocentes”, dijo sobre la impugnación que pesa sobre la legisladora electa acusada por vínculos con el narcotráfico.

“Si hay que juzgar a alguien inocente porque políticamente estamos en un partido distinto, nos estamos equivocando. Es una impugnación política”, concluyó