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El Gobierno ofreció en el inicio de la paritaria 2026–2027 de la administración pública nacional un incremento de 2,4% en junio, 2,2% en julio y 1,9% en agosto, además de un bono por única vez de $ 50.000 para el mes de agosto.

Aumento de estatales: cómo se distribuyen los aumentos mes a mes

El incremento no es lineal, sino escalonado, y se aplica de forma acumulativa sobre las escalas salariales de cada mes:

  • Junio 2026: 2,4%
  • Julio 2026: 2,2%
  • Agosto 2026: 1,9% más bono de $ 50.000

El bono de $ 50.000 se abonará por única vez junto con el sueldo de agosto y tendrá carácter remunerativo, lo que significa que impacta en el cálculo de aportes y contribuciones sociales, a diferencia de las sumas no remunerativas que se habían pactado en tramos anteriores.

El convenio llega en un momento de tensión entre los dos principales gremios del sector. Desde el cierre del tramo anterior, que cubrió hasta mayo de 2026, la reapertura de la mesa salarial era reclamada con urgencia por los sindicatos ante la persistencia de la inflación y el deterioro del poder adquisitivo. El tramo previo había incluido subas mensuales escalonadas y un bono de $ 40.000, también remunerativo.

La brecha entre UPCN —que históricamente firma los acuerdos— y ATE —que los rechaza por considerarlos insuficientes— se mantiene como el eje político de la negociación. Según ATE, la recomposición acumulada durante 2026 no logró recuperar lo perdido frente a la inflación del período anterior.

ATE rechazó el acuerdo por considerarlos insuficientes.

Por su parte, UPCN convalidó el entendimiento del primer semestre y previsiblemente hará lo propio con este nuevo tramo.

Rechazo a la paritaria: qué dice ATE sobre el acuerdo

“No estamos dispuestos a negociar ningún ajuste. Rechazamos esta oferta porque perjudica a los trabajadores y quita derechos a todo el pueblo”, lanzó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

Aguiar apuntó: “Se trata de una oferta que es insuficiente y que además no contempla un proceso de recuperación del poder adquisitivo perdido en el sector público”.