La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) presentaron un amparo judicial conjunto para intentar frenar el avance del Gobierno sobre el INTA.

El recurso solicita que se declaren inaplicables las facultades delegadas por la Ley 27.742 respecto al organismo, y también plantea la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 3 de esa misma ley, así como de los artículos 59 al 69 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 462/2025.

Con esta presentación, los trabajadores del organismo científico-tecnológico iniciaron un camino judicial para frenar lo que consideran un proceso de "desguace" impulsado por el gobierno de Javier Milei, en el marco de las reformas estructurales que busca implementar a través del DNU y de la denominada "Ley Bases".

En la misma línea, el dirigente apuntó contra los objetivos del Ejecutivo: "Son un mamarracho. Tienen tanta ambición en generar negocios para los empresarios que ni siquiera supieron aprovechar las facultades extraordinarias". Y subrayó que la organización gremial dará pelea en todos los frentes: "Vamos a defender el INTA con la movilización y también en los tribunales".

Según consta en el texto del amparo, el decreto presidencial configura una "desviación de poder" que "oculta la disolución, la desfederalización, y el vaciamiento del INTA, hecho que es expresamente vedado por el Art. 2 de la Ley 27.742, y por resultar asimismo violatorio de los fundamentos que dieron lugar a su creación".

El planteo judicial también solicita la adopción de una medida cautelar urgente que disponga "la suspensión provisoria de los efectos de los mencionados artículos del DNU", y que obligue al Estado Nacional a "abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo que implique reubicaciones, cesantías, pases a disponibilidad, traslados, despidos, rescisiones o no renovaciones contractuales tanto del personal, así como de representantes gremiales, y/o cualquier otra medida de reestructuración y/o reorganización del personal que implique la reducción de la dotación del organismo".

En paralelo, el escrito judicial exige que se garantice la "ocupación efectiva y los derechos laborales emergentes consagrados en los Convenios Colectivos de Trabajo 214/06 y 127/06, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva".

Desde ATE y APINTA insisten en que el INTA cumple un rol estratégico en el desarrollo científico-tecnológico del país, especialmente en las economías regionales, y que su eventual desmantelamiento no solo atentaría contra los derechos laborales de sus trabajadores, sino también contra el entramado productivo nacional.

La presentación judicial se suma a una serie de acciones gremiales y políticas que buscan frenar las reformas promovidas por el Gobierno en el marco del DNU 462/2025 y la Ley Bases, ambas fuertemente cuestionadas por organizaciones sindicales, académicas y sectores de la oposición. En palabras de Aguiar: "Uno por uno, vamos a voltear todos los decretos".