Un nuevo informe determinó que la caída del gasto nacional se tradujo en un incremento sostenido del gasto público provincial. En esta línea, desde la consultora advirtieron que se está agotando la licuación como medida de estabilización económica y recalcaron la necesidad de un Acuerdo de Coordinación Fiscal.
El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) lanzó un nuevo documento donde establece que las erogaciones provinciales vienen creciendo desde el año pasado.
“Un acuerdo de coordinación fiscal entre Nación y provincias aparece como la herramienta clave para evitar que esta dinámica se agrave”, sostuvieron desde este organismo.
Según IDESA, el sector público nacional acumula dos años de fuerte disciplina fiscal. Pasó de déficits crónicos a superávits financieros de 0,3% del PBI en 2024 y 0,2% en 2025, tendencia que se mantiene en el inicio de 2026. Este resultado se explica principalmente por una fuerte reducción del gasto público real en 2024, sostenida durante 2025 y lo que va de 2026.
En las provincias, la situación es más difícil de evaluar por la falta de información actualizada. Si bien el Ministerio de Economía aún no cuenta con datos del cuarto trimestre de 2025, y en casos como La Pampa directamente no hay datos disponibles para 2024 y 2025. La falta de transparencia en las cuentas públicas es un problema relevante.
Con los datos disponibles (primeros tres trimestres), se observa que en 2024 hubo un fuerte ajuste del gasto, que luego comenzó a revertirse en 2025.
El gasto en personal cayó 19% en 2024 y subió 10% en 2025, mientras que el gasto previsional cayó 17% en 2024 y subió 14% en 2025.
Por otra parte, la inversión pública de las provincias cayó 52% en 2024 y subió 38% en 2025.
Esto refleja que en 2024 las provincias ajustaron licuando gasto en un contexto de alta inflación.
Ahora, a medida que la inflación baja, ese proceso se revierte. La tendencia sugiere que muchas provincias cerraron 2025 con déficit y que en 2026 esta situación podría generalizarse.
El informe advierte que este escenario representa un riesgo para el programa económico nacional. Recuerda además el antecedente de la convertibilidad, donde los desequilibrios provinciales terminaron impactando en la macroeconomía.
Entre los efectos más inmediatos, se destaca el impacto sobre la competitividad: ante una situación fiscal débil, es probable que las provincias aumenten impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, Sellos o tasas municipales, en lugar de reducirlos. Además, se dificulta la inversión en infraestructura, clave para la producción.
Frente a esto, el informe plantea que la solución no será espontánea ni mediante confrontación política. Propone avanzar en un Acuerdo de Coordinación Fiscal entre Nación y provincias que permita ordenar responsabilidades y potestades tributarias, eliminar superposiciones e ineficiencias, y abordar especialmente el gasto previsional, señalado como un factor desestabilizante.
La conclusión de la institución es que sostener el equilibrio fiscal y mejorar la competitividad requiere una estrategia coordinada entre los tres niveles de gobierno, basada en políticas públicas bien estructuradas y no en la asignación de culpas.