

La Cámara de Diputados de Salta aprobó un proyecto de ley que impide el acceso a casinos, bingos, hipódromos y salas de apuestas a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) o beneficios sociales no contributivos.
La iniciativa, que ahora debe pasar por el Senado provincial, busca proteger los recursos públicos que se destinan a niños y adolescentes.
La propuesta recibió un fuerte respaldo político: solo dos diputados votaron en contra. El texto establece que los titulares de AUH y pensiones no contributivas quedarán registrados en una base de datos oficial. Los operadores de salas de juego deberán consultar esa información antes de permitir el ingreso.
¿Cómo funcionará el control en casinos y salas de apuestas?
El proyecto crea un Registro Provincial de Beneficiarios de Programas Sociales. Este listado incluirá a todas las personas que reciben ayudas económicas del Estado nacional o provincial. Los establecimientos de juego estarán obligados a verificar esta base antes de permitir el acceso.
Si una persona figura en el registro, no podrá entrar ni permanecer en espacios de apuestas. La medida alcanza a casinos, bingos, hipódromos y cualquier otro lugar donde se realicen juegos de azar.

¿Qué busca la ley?
El diputado Gustavo Dantur, autor del proyecto, explicó que la norma busca evitar que el dinero destinado a la infancia se pierda en el juego. También señaló que la ludopatía afecta a todos los sectores sociales, pero golpea con más fuerza a las familias vulnerables.
La ley no prohíbe el juego en general, pero sí limita el acceso a quienes reciben asistencia estatal. Según sus impulsores, el Estado tiene la obligación de garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.
Sin embargo, algunos legisladores cuestionaron la iniciativa. José Gauffín advirtió que la creación del registro podría violar la ley de protección de datos personales. También criticó que se limite la libertad de una persona por su situación económica.
Otros señalaron que la medida es parcial, ya que no aborda otros consumos que también afectan el presupuesto familiar, como el alcohol o el tabaco. Además, se planteó que el Estado debería revisar el funcionamiento de los casinos en la provincia.












