Entre la caída del consumo, la normalización de precios relativos y variables macro, la economía argentina atraviesa una transformación profunda que podría tardar una década, si se consolida un crecimiento del PBI de 3% anual.
En diálogo con El Cronista, Alejandro Díaz, director general de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) puso el foco en la necesidad de recuperación del ingreso real a partir del crédito y apuntó al vacío en infraestructura clave para el desarrollo y la consolidación de promesas de inversión por u$s 26.000 millones.
— ¿Por qué eligieron el “federalismo” como eje temático del AmCham Summit de este año?
-El eje temático del Summit suele marcar también el eje de comunicación de AmCham Argentina durante el año y normalmente responde al contexto que atraviesa el país. En esta edición, el título es “Una Argentina federal en desarrollo”. El año pasado el foco había sido la competitividad. Con la gestión del presidente Javier Milei, hubo una búsqueda de estabilización macroeconómica que se ha conseguido en gran medida. Esto permite hoy mirar qué sectores pueden traccionar el crecimiento: la minería, el gas, el petróleo y el agronegocio son sectores estratégicos que pueden generar desarrollo real en las distintas regiones del país.
Claramente podemos discutir si una inflación del 2% o 3% mensual es el ideal, claramente no, pero se ha logrado un nivel de previsibilidad que el sector empresario no tenía anteriormente.
—En contraste, ese cambio impactó de forma negativa en el consumo
—Sí, todavía existe una caída del consumo respecto de lo que pasó en los últimos dos años. Pero lo que cambia es el enfoque. Antes la dinámica del negocio dependía mucho de la oferta disponible, de lo que se podía importar o producir. Hoy el foco vuelve a estar en el cliente.
Esto se manifiesta en una cierta normalización de los precios relativos, especialmente en sectores regulados. También en que el consumidor empieza a entender los precios en el retail, algo que antes era muy difícil porque era prácticamente imposible saber cuánto valían realmente las cosas.
Durante mucho tiempo las compañías tuvieron que manejarse con políticas comerciales de supervivencia, muy condicionadas por restricciones a las importaciones o problemas de abastecimiento. Hoy el enfoque empieza a cambiar: las empresas tienen que volver a concentrarse en el consumidor, en el cliente, y definir su portafolio de productos a partir de esa demanda.
Todavía hay varios precios relativos que no reflejan el costo real. Un ejemplo claro es el transporte público que hoy no está alineado ni con la metodología de subsidios que define el Estado nacional ni con la estructura real de costos. Al mismo tiempo, tampoco se visualiza la posibilidad de aumentar significativamente la tarifa porque hay sectores vulnerables, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, que no podrían afrontarlo.
—En el último tiempo hubo una recomposición fuerte de tarifas y una reducción de subsidios pero cayó el consumo. ¿Cómo se sale de esa tensión?
—Es un planteo válido. A fines de 2023 la incidencia de los servicios públicos regulados —gas, electricidad, transporte— en el bolsillo de los hogares representaba aproximadamente el 7% del gasto. Hoy ese porcentaje está más cerca del 19% o 20%.
Durante mucho tiempo una parte importante del costo de esos servicios estaba subsidiada por el Estado. Si tomamos el ejemplo del transporte, antes cerca del 8% de los ingresos del sistema provenía del boleto que pagaba el usuario, mientras que el resto era cubierto con subsidios. Hoy esa relación se modificó y está más cerca de un esquema 63% subsidios y 37% tarifa, aproximadamente.
Impacta directamente en el ingreso disponible. Lo que antes representaba entre 7% y 8% del presupuesto de una familia, hoy puede acercarse a 40% o más del gasto en algunos casos si se consideran todos los servicios básicos.
Eso reduce la capacidad de consumo en otros rubros. Empieza a caer el consumo en actividades vinculadas al ocio y al entretenimiento. Se ve, por ejemplo, en la caída en la venta de entradas en los cines. También se observa en el retail, donde muchos consumidores están migrando hacia segundas o terceras marcas buscando precios más bajos.
—¿Ese proceso podría continuar?
—Probablemente sí. Es un fenómeno que puede seguir viéndose durante 2026 e incluso hacia 2027, porque responde a una recomposición del gasto de los hogares tras la normalización de precios regulados.
-¿El Gobierno puede mostrar mejoras antes de las elecciones de 2027?
-No lo sé. En gran medida dependerá de la tolerancia de la sociedad para sostener este proceso si considera que la dirección es la correcta. Nosotros creemos que la dirección es correcta, pero el costo es altísimo. La pregunta es si ese costo va a poder ser asimilado por los sectores más sensibles.
—Entonces el desafío pasa por mejorar el ingreso de las familias
—Exactamente. El punto central es cómo mejorar el ingreso real. Y ahí aparece un tema clave: el aumento del empleo privado. Todavía no se ve de forma clara. Incluso el año pasado hubo una pérdida de empleo y aumento del monotributo. Algunas estimaciones hablan de alrededor de 270.000 puestos de trabajo menos.
—¿Qué factores podrían impulsar ese proceso?
—Hay varios factores. El primero es el crédito. Si empieza a expandirse el financiamiento, eso puede impulsar tanto el consumo como la inversión. Se empieza a ver algo más en bienes durables, pero mucho menos en bienes de consumo.
Hace poco fui a un supermercado y noté que ya no estaban los descuentos del 10% o 20% que antes ofrecían algunos comercios o tarjetas. También fui a comprar un televisor y prácticamente no había cuotas sin interés; si había financiación, tenía un costo implícito bastante alto.
Ahora empiezan a aparecer tasas del 25% o 28%, que son más razonables si la inflación anual se ubica cerca del 30%. Pero hasta hace seis o siete meses era muy difícil financiarse.
Apertura económica y reconversión productiva
—Más allá del crédito, ¿qué otros factores inciden en la recuperación del consumo?
—Otro elemento clave es la apertura económica. Durante muchos años Argentina tuvo una economía muy cerrada y eso generó distorsiones importantes en los precios. Un ejemplo claro es el sector textil. Fabricar un jean en Argentina puede costar alrededor de 22 dólares, mientras que un jean producido en Indonesia o Tailandia puede costar unos 7 dólares.
Después hay que sumar impuestos, logística y distribución, pero la diferencia de base es muy grande.
—¿Pero no se bajaron impuestos internos para que puedan competir?
—Si, este proceso implica que muchos sectores van a tener que reconvertir su modelo de negocio para poder sostenerse en el mediano plazo. Con una economía más abierta van a entrar más importaciones y eso debería traducirse en precios más bajos para los consumidores.
No lo visualizo que este gobierno tenga en su política igualar porque no se va a meter en la sectorialidad y va a buscar combatir la las variables macroeconómicas. Es una discusión que cada uno de los productores tendrá que resolver cómo lo canaliza y afecta la empleabilidad, obviamente.
El desafío es que la apertura se traduzca en una baja real de los precios para el consumidor. Si eso no ocurre, se genera el peor escenario: se pone en riesgo el empleo en sectores que deben reconvertirse y al mismo tiempo no hay un beneficio concreto para el bolsillo de la gente.
Apertura económica y reconversión productiva
— ¿Qué otros factores inciden en la recuperación económica?
La apertura económica es fundamental. Argentina tuvo una economía muy cerrada que generó distorsiones: fabricar un jean local cuesta u$s 22, frente a los u$s 7 de uno producido en Tailandia o Indonesia. Este proceso implica que muchos sectores van a tener que reconvertir su modelo de negocio para sostenerse en el mediano plazo. El desafío es que la apertura se traduzca en una baja real de precios para el consumidor; de lo contrario, se genera el peor escenario: se pone en riesgo el empleo en sectores que deben reconvertirse y no hay un beneficio concreto para el bolsillo de la gente.
Eficiencia y limitantes
— ¿Qué limitantes ve en el modelo de eficiencia que propone el Gobierno?
Muchas empresas han hecho un trabajo importante en materia de productividad interna, pero la competitividad también está determinada por factores externos que las compañías no controlan.
El principal es la falta de infraestructura: generación eléctrica, conectividad, rutas y logística. Esto se ve con claridad en el desarrollo de la minería, donde Argentina exporta u$s 6.000 millones mientras que países como Chile o Perú exportan u$s 60.000 millones. Ha faltado una política de largo plazo que incentive realmente el desarrollo del sector.
Impacto del RIGI y potencial energético
— ¿Empieza a cambiar ese escenario con el nuevo marco normativo?
Con el RIGI ya hay más de 12 proyectos vinculados y más de u$s 26.000 millones en inversiones previstas. Esto activa un esquema distinto para las exportaciones mineras y las cadenas de valor locales, aunque es un proceso que hay que mirar en una ventana de siete a diez años. En petróleo y gas sucede algo similar: el 68% del petróleo y el 62% del gas provienen de la cuenca neuquina, pero falta infraestructura clave, como sistemas de transporte para conectar la producción con los puertos de exportación.
La infraestructura sigue siendo una limitante importante, especialmente en un contexto donde el gobierno nacional se ha retirado en gran medida de las grandes obras públicas y todavía no está del todo claro quién va a financiar esas inversiones.
Presión tributaria e informalidad
— También se apunta a la presión impositiva como un problema estructural.
Argentina tiene una presión tributaria de entre 24% y 26% del PBI, cifra similar al promedio regional pero engañosa debido al nivel de informalidad laboral, que ronda el 40%. La carga real sobre el sector formal salta a niveles cercanos al 55%. Si bien a nivel nacional hubo una reducción mediante la baja de aranceles y la eliminación del Impuesto PAIS, fue compensada por subas en tasas municipales y el impuesto provincial sobre Ingresos Brutos. Los gobernadores e intendentes necesitan sostener su recaudación ante la pérdida de transferencias nacionales, por lo que el costo fiscal de operar prácticamente no varió para muchas empresas.
— ¿Los sectores dinámicos pueden compensar la pérdida de empleo en otras actividades?
La realidad es que el impacto es distinto. Una mina o un proyecto energético generan mucho empleo durante la etapa de construcción e instalación, pero la empleabilidad cae cuando entran en operación, ya que son procesos muy tecnológicos.
No son sectores intensivos en empleo permanente, a diferencia de la economía del conocimiento o el agronegocio. El campo, si mejoran los precios internacionales y se reducen los derechos de exportación, tiene un impacto muy fuerte en la federalización porque el productor dinamiza desde el mercado inmobiliario hasta los servicios en su propio territorio.
Para entender esta transición, conviene mirar a países como Australia: en 1985 inició una transformación donde el desempleo subió inicialmente al 12% para luego bajar al 3% tras consolidar una economía de servicios. Este proceso requiere un crecimiento sostenido por encima del 3% anual y una reconversión de los trabajadores —como pasar de una planta industrial a la prestación de servicios—, algo que lleva aproximadamente diez años.
Geopolítica y la relación con Estados Unidos
— ¿Cómo evalúa la relación entre Donald Trump y Javier Milei? ¿Es una relación más personal que institucional? ¿Ve riesgos? — Son dos presidentes con perfiles bastante personalistas. En ese contexto es lógico que exista cierta química o afinidad. Pero yo diría que esa conexión es más ideológica que basada en resultados concretos.
En términos de estrategia económica, en realidad van en direcciones distintas. Milei plantea un modelo de apertura de la economía argentina, mientras que Trump impulsó una política comercial más proteccionista, buscando limitar importaciones y recomponer el balance comercial de Estados Unidos.
— Entonces, más allá de la relación personal entre los presidentes, ¿existe una base institucional?
— Sí. Con la firma del acuerdos de comercio y marcos de cooperación se consolida una relación más institucional que trasciende a los gobiernos. Hoy algunos aspectos están en revisión por decisiones judiciales en Estados Unidos, pero el marco general existe. El desafío es aprovechar esas herramientas para que la relación bilateral no se perciba como asimétrica. Si el empresariado argentino logra utilizar las ventajas competitivas que se abren, el acuerdo puede generar oportunidades importantes.
— En ese sentido, ¿la relación bilateral puede sostenerse más allá de los presidentes?
— Sí. En América Latina solemos poner mucho foco en las relaciones personales entre líderes, pero cuando existen instrumentos institucionales la relación suele perdurar mucho más allá de una coyuntura política.
Inversiones y sectores estratégicos
— ¿Cómo ve el panorama de inversiones hacia Argentina?
— Cuando uno analiza los grandes sectores que pueden atraer inversión extranjera directa, aparecen principalmente minería, energía y agronegocios. Son los sectores que pueden generar las divisas necesarias para que Argentina tenga un balance externo más sólido.
Y la economía del conocimiento es un caso distinto. Allí la inversión se vincula más con la contratación de talento que con grandes desembolsos de capital físico. No es lo mismo invertir en personas que traer 150 millones de dólares para construir infraestructura o desarrollar un proyecto productivo.
— ¿Puede cambiar la estructura exportadora del país?
— Hoy el agro representa aproximadamente entre 64% y 65% de las exportaciones. Si crecen la minería y la energía, esa participación podría bajar a cerca del 35% en los próximos años, porque se ampliarían las fuentes de exportación. Pero son inversiones de largo plazo. Los proyectos mineros, por ejemplo, pueden requerir cinco, siete o incluso diez años de desarrollo antes de generar producción.
— Entonces no habrá una “lluvia de inversiones” inmediata.
— Pensar que de un día para otro llegarán 150.000 millones de dólares de inversión es poco realista. El flujo de inversiones depende de que se mantengan las condiciones macroeconómicas y de que los proyectos avancen gradualmente.
— Para cerrar: ¿cómo evalúa el manejo del tipo de cambio? ¿El dólar está atrasado o es competitivo?
— Depende mucho del sector desde el cual lo mires. No hay una respuesta única. Una empresa exportadora probablemente preferiría un dólar mucho más alto, tal vez cerca de 1700 pesos, porque mejora su competitividad externa. En cambio una empresa que se está reestructurando quizás prefiera un dólar más bajo, alrededor de 1400 pesos, porque eso le permite reorganizar su estructura de costos y adaptarse al nuevo contexto.
— ¿Qué peso tiene el dólar en los costos de las empresas?
— En muchas compañías alrededor del 42% de los costos están vinculados al dólar, ya sea por insumos importados o por insumos locales que se fijan en función del tipo de cambio, como el aluminio o el packaging. Desde el punto de vista microeconómico depende de cada empresa y de cada sector.
Ahí entran en juego la política cambiaria y monetaria del gobierno y también la dinámica del mercado: la oferta y la demanda de dólares. Si uno hubiera apostado al dólar a fines del año pasado no necesariamente habría tenido la mejor rentabilidad. Instrumentos como el plazo fijo UVA incluso rindieron por encima de la inflación en ese período.
El valor final del dólar termina siendo el resultado de una combinación entre política económica y decisiones del mercado.