Una iniciativa aprobada recientemente en la Cámara de Diputados de Salta promete cambiar por completo el acceso a los casinos, bingos y salas de apuestas de la provincia. El proyecto, que ya obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratado en el Senado, plantea que ciertos grupos no podrán ingresar a estos espacios.
El objetivo, según sus impulsores, es evitar que los fondos públicos destinados a la asistencia social se pierdan en el juego. Sin embargo, la propuesta generó una fuerte controversia entre los legisladores y especialistas en derecho.
Quiénes no podrían entrar a los casinos
El texto aprobado indica que las personas que perciban la Asignación Universal por Hijo (AUH) o cualquier otro beneficio social no contributivo, ya sea de origen nacional o provincial, no podrán ingresar a casas de apuestas.
Esto incluye tanto a los titulares de la AUH como a quienes cobren Pensiones No Contributivas (PNC) y otras ayudas estatales. La restricción se aplicará en casinos, bingos, hipódromos y salas de juego de toda la provincia.
Cómo se controlará el ingreso
Para garantizar su cumplimiento, la ley prevé la creación de un Registro Provincial de Beneficiarios de Programas Sociales, una base de datos donde figurarán quienes reciben este tipo de asistencia.
Los operadores de juegos de azar estarán obligados a consultar el registro antes de permitir el ingreso a cualquier persona. En caso de que un visitante figure entre los beneficiarios sociales, no se le permitirá el acceso ni la permanencia en el establecimiento.
El diputado Gustavo Dantur, uno de los autores del proyecto, explicó que la medida busca “proteger a los niños y adolescentes”, asegurando que el dinero de la asistencia llegue a sus verdaderos destinatarios y no se desvíe hacia actividades de juego.
Por qué se debate el Proyecto
Pese al amplio respaldo legislativo, la iniciativa no estuvo exenta de críticas. Algunos diputados advirtieron que podría violar derechos individuales y normas constitucionales, al imponer restricciones sobre un grupo específico de la población.
El legislador José Gauffín fue uno de los que se manifestó en contra, argumentando que el uso de datos de la ANSES para controlar el acceso a casinos podría infringir la Ley de Protección de Datos Personales, además de sentar un precedente discriminatorio.
“Si se prohíbe el ingreso al casino por recibir un plan social, con el mismo criterio podría prohibirse comprar alcohol o cigarrillos”, cuestionó Gauffín, quien consideró que la medida responde a una visión paternalista del Estado.
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