Quizás ahora resulta un poco más claro el furibundo rechazo del gobierno británico contra la elección de Jean-Claude Juncker a la presidencia de la Comisión de la Unión Europea (UE). Él fue quien acaba de dar instrucciones para elaborar un proyecto de Directiva de la UE tendiente a ceder facultades, a los Estados Miembros, para que éstos puedan restringir o prohibir, por sí mismos, la importación de productos agrícolas que se destinen a la elaboración de alimentos o forraje que contengan o hayan sido procesados con Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) como la soja (nuestro estratégico yuyito) o el maíz, alegando razones distintas al potencial riesgo de esos productos sobre la salud humana, animal o fitosanitaria. El trabajo no fue encargado al Comisionado de Agricultura, sino el Comisionado de Salud de la UE, doctor Vytenis Andriutakis, quien ya anticipó, al Comité sobre Medio Ambiente del Euro-Parlamento, que esa iniciativa podría llegar a sus despachos a fines de abril. El nuevo proyecto se inspira en la Directiva (EU) 2015/412 que entró en vigencia hace pocas horas y da libertad a cada uno de los Estados Miembros para decidir si desean autorizar, restringir o prohibir la producción europea de alimentos o forraje

elaborados con Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) lo que implica, en los hechos, dar libertad de prohibir esa producción en gran parte del Viejo Continente, donde prevalece la cultura proteccionista y de evidente fobia hacia todo lo que huela a nuevas tecnologías. Las mencionadas reglas permiten fundamentar la prohibición en las preferencias del consumidor, en consideraciones económicas, sociales o de planificación urbana e ignorar, o darle valor subalterno, a las recomendaciones oficiales basadas en principios y evidencias científicas de carácter sanitario o fitosanitario como las que procesa la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (conocida por su sigla inglesa EFSA, que es una especie de Senasa regional).

Con esta movida, Europa pone una piedra más, en este caso del tamaño del Peñón de Gibraltar, a las ya difíciles negociaciones del mega-proyecto Transatlántico de Comercio e Inversión (conocido por su sigla inglesa TTIP) que negocia con Estados Unidos, a sabiendas de que para Washington la defensa de la moderna ingeniería genética es un tema sensible y prioritario. No es necesaria una fértil imaginación para suponer que también para los gobiernos del Mercosur, y en especial para la Argentina, este asunto debería encuadrarse desde una perspectiva similar, ya que afectaría a una parte sustantiva de sus exportaciones. En el 2013, cuando se lanzó el TTIP, Washington y Bruselas decían, aludiendo a la moderna ingeniería genética, que desmantelar el proteccionismo regulatorio era una clara prioridad de la futura Asociación bilateral, una consigna que hoy suena a amarga ironía. Según Juncker, Europa debe priorizar el acatamiento de los caminos de la democracia política y no de los dictados de los principios y las evidencias científicas que se rigen por las disposiciones de la ley internacional desconocidas por esta política.

Si bien esta jugada europea ya generó fuertes reacciones de lobbies estadounidenses y de la propia UE, debido a que el Viejo Continente depende del abastecimiento externo proveniente de Estados Unidos y de los países del Mercosur para sostener su industria alimentaria, sería un gravísimo error político dormir tranquilo y suponer que la racionalidad ganará la batalla. Hace tiempo que la verdad y la racionalidad no triunfan por su propio peso. Algunos especialistas de nuestro país apuntan mal, cuando dan status de medida irremediable, digna de ser recibida con pragmática indolencia, al conjunto de barbaridades generadas por la creatividad del Atlántico Norte, como el concepto ilegal de uso de la tierra, la indiferencia hacia las campañas contra los OGMs en todos los foros internacionales (China las toma muy en cuenta), el debate sobre los efectos del glifosato (los ambientalistas y la Organización Mundial de la Salud insisten en que es cancerígeno) y otras acechanzas que desacreditan a la producción nacional. Hay obvios remedios legales y otra clase de soluciones, que dependen de la voluntad de trabajar y hacer, no de confiar en el esfuerzo de los otros.