La decisión del juez Daniel Rafecas, que desestimó la denuncia por “encubrimiento” del atentado de la AMIA contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizada por el fallecido fiscal Alberto Nisman, no se ofrecerá fácilmente para una lectura maniquea por parte de ninguno de los campos políticos que polarizan en torno a la “independencia” o “acción desestabilizadora” de la Justicia.

El Gobierno, que varias veces atacó al magistrado, tendrá dificultades para sostener su visión de una justicia homogéneamente corporativa que conspira sistemáticamente contra “el modelo”, al punto de estar en condiciones de conformar un “Partido”, como denunció la Presidenta el sábado pasado en una carta que publicó en las redes sociales. Por su parte, la oposición se las verá en figurillas para asimilar a Rafecas a una condición próxima a la de Norberto Oyarbide, el diligente juez que manda al archivo con velocidad inusitada las causas que molestan a la Casa Rosada.

Rafecas tuvo más de un encontronazo con el poder. Fue recusado por el Gobierno en la causa Ciccone, a mediados de 2012. La defensa del vicepresidente Amado Boudou lo acusó de presunto mal desempeño, debido al intercambio de mensajes de Whatsapp que llevó a cabo con un abogado vinculado al expediente. Por eso, Rafecas afronta en el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político.

En su ataque a Rafecas Boudou también avanzó contra el entonces procurador Esteban Righi, a quien hizo salir del Gobierno. Esa investigación recayó luego en el juzgado de Ariel Lijo, que tiene procesado al vicepresidente.

Un artículo de La Nación ubica a Rafecas como uno de “los jueces que provocaron las reacciones más fuertes del kirchnerismo”, podio que, según la nota, comparte con Claudio Bonadío, Ariel Lijo, y los fiscales Carlos Rívolo y José María Campagnoli.

Como la nota es de noviembre del año pasado, no alcanzó a incluir entre los roces de Rafecas con el Gobierno la recusación que recibió de otro kirchnerista intenso como Luis D´Elia. Como advirtió El Cronista, su abogado, Adrián Albor, anticipó que pedirán su recusación por posible “prejuzgamiento”, ya que, según el letrado, el juez sostuvo en algún momento que D’Elía tenía vínculos con Irán.

Rafecas tiene a cargo otra causa sensible para Balcarce 50, como lo es la que investiga por presunto enriquecimiento ilícito a Mariano Recalde, titular de Aerolíneas Argentinas, figura de La Cámpora y uno de los funcionarios más elogiados en público por la jefa del Estado. Y también está a cargo de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra el general César Milani.

Quizá estas rencillas hayan estado entre los motivos por los cuales Daniel Rafecas pretendió apartarse de la causa que Nisman motorizaba contra Cristina, siguiendo los pasos de Sebastián Ramos y Ariel Lijo, quienes sí pudieron salirse. Pero Rafecas no lo logró, ya que la Cámara Federal, a través de una resolución de Martín Irurzun, le ordenó que se hiciera cargo.

Rafecas asumió en 2004, con el auspicio del kirchnerismo, recuerdan artículos periodísticos. Pero hoy afronta varias denuncias por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura, una de las cuales devino del apartamiento que conquistó Boudou.

Por eso, la hipótesis inmediata tras el sobreseimiento de Cristina se dirigió a esa situación de “fragilidad”, que lo ha puesto al borde del jury, como causa del fallo en el que desestimó la denuncia contra Cristina, su canciller, Héctor Timmerman, y otros personajes del oficialismo. Sin embargo, los embates a Rafecas no provienen solo de la Casa Rosada. Los representantes radicales del Consejo de la Magistratura no le perdonan que haya enviado a Fernando de la Rúa a juicio por las coimas en el Senado y también han hecho lo suyo con denuncias para golpearlo.

Así las cosas, el “Partido Judicial” de Cristina no parece lucir las condiciones compactas que requiere orquestar un Golpe de Estado, por más blando que sea.