Ante la creciente inflación desatada en nuestro país, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha tenido como única respuesta la implementación del discutido programa Precios Cuidados, a través del cual asegura buscar brindar previsibilidad, estabilidad y transparencia en el proceso de formación de precios. Sin embargo, en todos estos meses que lleva aplicados, no sólo demostró su ineficacia para contener los precios y cumplir esos objetivos (como lamentablemente habíamos anticipado al enterarnos de su puesta en marcha) sino que pareciera ser sólo una herramienta del kirchnerismo para seguir disfrazando una inflación que no puede contener, al proporcionarle una lista de precios ficticios sobre los cuales hacen sus mediciones.
Ahora, si pensamos en los usuarios y consumidores, en las personas que día a día ven cómo sus salarios pierden poder adquisitivo por la inflación creciente y las dificultades en materia laboral, atravesadas por suspensiones y despidos en distintos sectores de la industria, vemos además las enormes complicaciones que implica este programa. Las dificultades para conseguir los productos en los comercios, por falta de stock o simplemente porque no existe un régimen simplificado que podría ser, por ejemplo, que todos los precios cuidados estén en una misma góndola, sin mencionar casos puntuales como puede ser la odisea que representa para las personas que padecen alguna enfermedad el buscar alimentos que se adecuen a sus necesidades.
Se suma una nueva (y muy preocupante) embestida del kirchnerismo. Una serie de proyectos impulsados en el Congreso que pretenden modificar la ley de defensa del Consumidor, supuestamente para mejorar la aplicación, que encubre una avanzada muy alarmante en cuanto al endurecimiento de las multas y sanciones y en relación a la aplicación de las sanciones. En síntesis, buscan multiplicar por ocho las sanciones que prevé la ley actualmente, y hacer que el cumplimiento de las mismas sea inmediato y obligatorio, es decir que no permite que quien sea multado por ejemplo, pueda recurrir a la Justicia y poner en suspenso la aplicación de esa sanción hasta tanto se expida dicho poder. En pocas palabras, quieren que los funcionarios tengan aún más poder (pues aplicar una multa millonaria, con cumplimiento inmediato a una PYME por ejemplo, implica dictarle una sentencia de quiebra ineludible).
En otro momento, o con otro gobierno, uno podría sentarse a discutir acerca de la conveniencia o no de avanzar en este sentido, pero lamentablemente el kirchnerismo por lo general no consensúa sino que impone sus mayorías. Atemoriza pensar cómo podría ser la aplicación de una ley más dura en manos de un Ejecutivo que ya mostró que no le tiembla el pulso para multar o sancionar a asociaciones y consultoras cuyo único pecado fue dar a conocer la inflación.
Desde la comisión que presido estaremos comenzando a debatir sobre Precios cuidados. Sanciones y multas a empresas, como paso previo al tratamiento que daremos.
Es importante abrir a la sociedad esta discusión, y que todos seamos parte de las decisiones que nos afectan, en tanto usuarios y consumidores. Porque la administración kirchnerista, que busca parafraseando a Foucault vigilar y castigar más cada día; demuestra que no puede cuidarnos, pero sigue empeñada en sancionarnos y perseguirnos, en crear enemigos a quienes escrachar, multar y estigmatizar. Todo esto sin solucionar los problemas que realmente nos afectan, pues mientras discutimos sobre precios cuidados, de lo que no estamos hablando es de la inflación, ni de la pérdida de fuentes de trabajo y de la caída del salario real. Y atender y resolver esos temas debiera ser el eje de la política del oficialismo, que evidentemente elige optar por el maquillaje, entretener con los cartelitos y seguir con una política de parches, funcional únicamente a su relato.
