Antes que nada, aclaremos que los fondos buitre son Fondos Comunes de Inversión de alcance global. Y un fondo buitre, en particular, invierte en títulos de deuda pública de un estado o empresa débil o cercana a la quiebra, para tomar ventaja. Normalmente adquiere esos títulos por el 20% o el 30% de su valor nominal: por un pagaré de $100 pagan $20 o $30, y se sienta a litigar para cobrar los $70 u $80 restantes.

Puede revolver el estómago pensar que detrás hay personas de carne y hueso afectadas. Pero su accionar se parece al de ciertos bancos o acreedores de créditos personales, de hipotecas de casas familiares o tarjetas de crédito, que diariamente exceden un precio justo por las tasas que cobran. Y además, lo que hace es totalmente legal. Porque cuando las naciones o empresas necesitan dinero, buscan que lo aporten personas de todo el mundo.

Y ¿cómo hace un ciudadano que aporta ese dinero, para asegurarse que en caso de incobrabilidad, pueda recurrir a un tribunal cuya legislación sea aceptada en todo el mundo? Elije una plaza reconocida, y ese requisito lo cumple Nueva York. Por eso gobiernos como el argentino y empresas de todo el mundo la elijen. De allí que el fallo de los tribunales de Nueva York emane de autoridad de EE.UU., y que deba ser acatado.

¿Que pasará de no cumplirlo?

El default que provendrá del impago a los fondos buitres, implica que si una empresa necesita dólares para financiar sus inversiones y producción, le costará más caro conseguirlos. Y eso impactará en la cantidad de productos que fabrica, en la mano de obra que contrata y en los salarios que pueda pagar.

Por otra parte, el estado argentino requiere unos $200.000 millones para mantener su nivel de gasto público, y la maquina de imprimir billetes está al borde de romperse. Pero si deja de pagar a los fondos buitres, no habrá ni la expectativa de conseguir un préstamo para llegar a fin de año. ¿De donde saldrá la plata para financiar esos gastos, realizar inversiones, etc.?

Cuando hacen falta dólares y no hay créditos, la única alternativa para pagar los gastos públicos es devaluar. Y si se devalúa por encima de lo esperado, la inflación podría ser más alta y el precio del dólar también.

Veamos un ejemplo familiar: un hombre exporta bicicletas (en el país, sería soja), le ingresan dólares que cambia en el mercado, y obtiene pesos para sostener a su familia y su fábrica. Pero llegó a su capacidad máxima de venta y producción, y su familia gasta cada vez más (en el país, sería un gasto fiscal de $200 mil millones). Ya debe dinero por hipoteca, tarjeta de crédito y prenda del auto, y está enojado porque un banco le cobra tasas usurarias. El juez ratificó los cargos y debe pagarlos, pero no puede generar más ingresos, y además prefiere mantener el nivel de gasto familiar. Su única alternativa es conseguir más crédito, y para obtenerlo antes debe pagar los intereses, que son legalmente exigibles.

En conclusión: debe llegar a algún acuerdo, o se caerá el soporte financiero que le permite cubrir los consumos de su familia y su empresa.