El último domingo podría haber marcado el punto final para la carrera política de uno de los líderes más gravitantes de la vida pública de Brasil y de la región del último medio siglo.
El escenario configurado a partir de los resultados de la primera vuelta le dejaba a Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores -PT-) un camino cuesta arriba, no solo para alzarse nuevamente con la presidencia sino para asegurar la gobernabilidad frente a una composición legislativa desfavorable, en caso de que llegara a concretar la remontada histórica en el balotaje.
La cuarta presidencia de Lula es hoy un hecho (aun cuando haya sido un escenario poco ponderado por el mercado, que ayer castigó duramente a los activos brasileños) que impacta tanto en el sistema político del país vecino como en el sistema internacional, al mismo tiempo que acelera la necesidad de definiciones frente al desafío macroeconómico que deberá enfrentar en su nuevo mandato, a partir del elevado déficit fiscal y las altas tasas de interés.
En lo inmediato, a pesar de los duros cuestionamientos públicos de Flavio Bolsonaro (Partido Liberal -PL-) al desarrollo del comicio, su impugnación a la prórroga de dos horas concedida para continuar el sufragio por parte del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin y su negativa a aceptar la derrota, las objeciones a la legitimidad de origen de la elección de Lula encuentran poco margen para despegar.
El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) Kassio Nunes Marques, cercano al bolsonarismo, salió rápidamente a aclarar que la decisión de Janin no afectó el proceso ni comprometió el recuento, en tanto que los datos que emergen desde el TSE confirman que los votos emitidos entre las 17.00 h. y las 19.00h., en el periodo de prórroga, fueron cerca de 35.000 votos, una cifra que equivale apenas al 0,81% de la ventaja que Lula le sacó a Flavio, consolidada en 4,4 millones de votos.
Fuera del ámbito judicial, los principales referentes del Centrão, ese bloque variopinto de partidos que tienen la llave para destrabar los acuerdos en el Congreso brasileño, ya manifestaron sus felicitaciones al actual presidente por su reelección.
Dentro de este grupo se encolumnan partidos como el MDB, el PSD, PP, Unión Brasil y Republicanos, muchos de los cuales habían respaldado institucionalmente la candidatura del hijo de Jair Bolsonaro, que empieza a quedar aislado en su rechazo al resultado del balotaje.
Por otra parte, es probable que las derrotas sucesivas de la familia Bolsonaro en 2022 y 2026 empiecen a generar una disputa por el liderazgo de todo aquello que va del centro a la derecha del espectro político con vistas a 2030.
El primer anotado en esa lista es el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, que ganó muy cómodamente en el estado más grande del país tres semanas atrás.
En ambas cámaras del Congreso, Lula contará con menos de un tercio propio y con una composición ideológica de los legisladores más orientada hacia la derecha que en ninguna de sus anteriores estadías en el Palacio de Planalto, con las primeras minorías en manos del Partido Liberal.
La necesidad impostergable de construir acuerdos con el Centrão estará presente desde el primer minuto del 1 de enero de 2027 (momento en el que quedará inaugurado un nuevo periodo de gobierno del exsindicalista metalúrgico), en negociaciones que no dejarán de ser trabajosas y costosas.
Sumado a esto, existe el riesgo de que el clima de polarización, que se multiplicó durante las elecciones, pero que es parte de un proceso más extendido en el tiempo a partir de sentimientos anti-PT y anti-bolsonarismo bien arraigados en un conjunto significativo de la sociedad, termine dificultando muchas de las reformas económicas y sociales más urgentes para el futuro de Brasil.
Los gastos extra prometidos por Lula durante la campaña, que apuntaban a actualizaciones del programa Bolsa Familia, beneficios para pymes, transporte público gratuito los fines de semana, entre otras medidas, comprometen el frente fiscal, un punto crítico para la próxima gestión.
La economía brasileña tiene un déficit de 10% del PIB, cuyo componente mayoritario, 9,5%, corresponde al déficit financiero, especialmente condicionado por una tasa de interés real positiva de 8%. En este mismo sentido, se espera que este año finalice con una deuda pública bruta que represente el 83% del PIB.
Cualquier ajuste que se emprenda requerirá una revisión del gasto obligatorio, concentrado principalmente en jubilaciones y pensiones, beneficios sociales, además de erogaciones en salud y educación.
El mercado estará siguiendo muy atentamente las señales en materia económica que definan el presidente electo, así como el equipo elegido para liderar este nuevo proceso.
Cualquier paso en falso puede generar complicaciones que trasciendan una turbulencia financiera momentánea y se amplíen hacia una crisis de desconfianza que afecte a Brasil y repercuta en Argentina.
Todos estos factores estarán rondando en la cabeza de Lula, que no puede festejar futbolísticamente por el mal momento de su equipo, el Corinthians, pero que puede alegrarse, solo por un rato, por la remontada épica que lo sostendrá nuevamente en la presidencia de la Nación.