En un mundo globalizado, donde la tecnología ha cambiado radicalmente la forma en que nos relacionamos, resulta difícil justificar la existencia de privilegios diplomáticos. Recientemente, un episodio protagonizado por diplomáticos rusos en Buenos Aires ha puesto en evidencia lo que muchos liberales vienen manifestando hace tiempo: el sistema de inmunidades diplomáticas es una reliquia de otro tiempo, que no tiene cabida en el mundo moderno y que contradice el principio fundamental de igualdad ante la ley. Amparados en su inmunidad, dos diplomáticos rusos se negaron a someterse a un control de alcoholemia. Este hecho expone privilegios de una élite internacional que, en lugar de promover la cooperación entre naciones, perpetúa un sistema de injusticias y desigualdad. En un mundo globalizado, donde las comunicaciones instantáneas y las tecnologías han cambiado radicalmente la forma en que nos relacionamos, resulta difícil justificar la existencia de privilegios diplomáticos. La inmunidad que otorgan los pasaportes diplomáticos y la protección que gozan ante las leyes locales es un obstáculo para los principios fundamentales de un país. "Es imperioso eliminar todas las embajadas", suele repetir Alberto Benegas Lynch (h). La razón es simple: en un mundo donde cualquier comunicación puede realizarse con un clic y donde las interacciones pueden llevarse a cabo a través de videoconferencias y correos electrónicos, ¿por qué seguir manteniendo una infraestructura costosa y obsoleta que otorga privilegios injustificados a ciertos individuos? La existencia de embajadas y sus lujosos edificios no tiene justificación alguna en el Siglo XXI. Más aún cuando se utilizan como un escudo para eludir la ley y el orden. Eliminar las embajadas no significa suprimir las delegaciones extranjeras o la representación diplomática, sino adecuarlas a los tiempos que corren. Hay ejemplos varios en la historia moderna de cómo las embajadas son un refugio contra dictaduras sangrientas y canal de escape para ciudadanos que necesitan protección, tal como fue el caso del ataque de la Venezuela de Nicolás Maduroa la embajada argentina. La inmunidad diplomática está basada en normas de derecho internacional, como la Convención de Viena de 1961, que establece que los embajadores no pueden ser sometidos a la jurisdicción del país receptor. Esta normativa, pensada en su momento para facilitar las relaciones entre países, hoy se ha convertido en un instrumento que permite a algunos ciudadanos actuar por encima de la ley, lo que crea una distorsión moral y legal en la que unos pocos gozan de un trato preferencial. Bruno Leoni, filósofo italiano, lo explicó de manera rotunda: "El derecho debe ser igual para todos, sin distinción alguna, sin importar el cargo o la posición de una persona". ¿Por qué alguien, solo por su cargo o estatus, debería estar por encima de las leyes de un país? Esta contradicción debería ser eliminada de inmediato. Si el derecho no es igual para todos, entonces no es derecho, sino una simple herramienta de control y opresión. El sistema que protege a emisarios también tiene un alto costo económico y social. Mantener embajadas, con lujosos edificios y equipadas con un séquito de empleados que viven fuera del alcance de la ley, es una práctica cuantiosa para los contribuyentes que la sostienen. Esta situación va en contra de lo que cualquier sociedad liberal debería defender: un sistema de justicia que sea igual para todos, sin importar el poder o la jerarquía de la persona en cuestión. El incidente de los diplomáticos rusos no es aislado. Este tipo de situaciones ocurren con frecuencia, y no solo con plenipotenciarios de Rusia, sino de diversos países. Se crea un sistema donde la responsabilidad individual y la justicia no se aplican de manera equitativa. Esto mina la confianza en las instituciones y debilita el concepto mismo de estado de derecho, que es la piedra angular de las democracias liberales. Es hora de reconsiderar la inmunidad diplomática tal como la conocemos hoy. Es necesario dar paso a una diplomacia moderna y responsable, donde los diplomáticos no sean intocables ni estén exentos de rendir cuentas por sus actos. Las relaciones internacionales pueden y deben llevarse a cabo de manera efectiva, pero sin que quienes las representen estén por encima de la ley. Las embajadas deben ser transformadas en consulados modernos o centros de comunicación, con infraestructuras que no sigan siendo un despilfarro innecesario de recursos, y en las cuales la interacción pueda darse a través de canales digitales, eliminando la necesidad de edificios costosos. La igualdad ante la ley es un principio fundamental en cualquier sociedad que se considere verdaderamente libre, y es hora de que este principio sea aplicado sin excepciones, acabando con los refugios de impunidad y construyendo un sistema donde todos, sin importar su estatus, sean responsables ante la ley. Argentina está decidida a ir hacia una política moral justa y con un foco muy claro: el que las hace las paga, un principio que también deberá aplicarse a extranjeros sin importar sus privilegios estatales de otros países.