Cuando hace menos de dos años el Presidente de China, Xi Jinping, anunció que Asia pensaba crear su propio Banco Multilateral de Desarrollo, pocos imaginaron que la convocatoria lograría interesar a 57 países en carácter de Miembros Prospectivos Fundadores (MPFs) y que la entidad se hallaría lista para abrir sus puertas en diciembre próximo Al 15 de abril la lista oficial de MPFs estaba integrada por Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Brasil (el único país de América), Brunei, Camboya, China, Dinamarca, Egipto, España, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Islandia, India, Indonesia, Irán, Israel, Italia, Jordania, Kazakhstan, República de Kyrgyz, Kuwait, Laos, Luxemburgo, Malasia, Maldivas, Malta, Mongolia, Myanmar, Nepal, Holanda, Nueva Zelandia, Noruega, Oman, Paquistán, Filipinas, Qatar, Polonia, Portugal, Corea del Sur, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Tajikistan, Tailandia, Turquía, Reino Unido, Uzbekistan, Emiratos rabes Unidos y Vietnam.

Los fuertes reparos iniciales de Estados Unidos, Japón y otras naciones, no consiguieron desalentar la participación de importantes aliados. Quizás ello explique el sigiloso cambio táctico de la Administración Obama, cuyos representantes insinuaron una eventual revisión de criterios si la futura entidad no intenta competir con el Banco Mundial y establece modernas condicionalidades de crédito en el campo ambiental y laboral, una jugada bastante audaz al venir de gobiernos que tienen un polémico curriculum en el manejo de esas políticas.

Aunque hasta ahora China y otros poblados países de Asia encabezan la nómina de los contaminadores ambientales y sociales, es obvio que no son los únicos del planeta que tienen motivos para negarse al test del archivo. El Congreso estadounidense decidió cajonear el proyecto de reglas destinado a modificar el capital y las parcelas de poder del Fondo Monetario, enfoque que impidió aumentar el compromiso de las grandes naciones emergentes con las entidades financieras y de desarrollo instaladas en Washington. En el campo laboral, Estados Unidos sólo adhirió a dos de las ocho Convenciones de la OIT, registra casos emblemáticos de mano de obra esclava y tiene un empresariado que está satisfecho a la hora de agregar valor de bajo costo a las manufacturas y servicios que procesan en países donde no se trata con debida seriedad a esas políticas. Los distintos moradores de la Casa Blanca tampoco quisieron vincularse al Protocolo de Kioto, a la Convención sobre Diversidad Biológica ni a otras disciplinas montadas por las organizaciones de la familia de la ONU que batallan con la agenda climática y ambiental. Muchos de los países de la OECD crearon un debate sobre standards laborales, ambientales y climáticos que descansa en la prioritaria noción de evitar la relocalización de inversiones y el creciente menoscabo de su comercio mundial. Por ese motivo la prédica ambientalista del mundo desarrollado no se suele tomar como tal y resulta poco creíble en foros expertos como la OMC.

No obstante compartir muchas inquietudes similares a las planteadas por Estados Unidos, los MPFs suponen que participar en el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión (conocido por su sigla inglesa AIIB) les permitirá explorar grandes negocios, incidir en sus reglas y diseminar el uso de las buenas prácticas adoptadas en las entidades tradicionales del ramo. El AIIB estableció su sede en Beijing, China, y se autodefine como una institución ágil, limpia (corrupción cero) y verde. El capital previsto es de unos 100.000 millones de dólares y su capital inicial de 50.000 millones. Su intención original es financiar infraestructura y sectores como la agricultura y las inversiones rurales, telecomunicaciones, energía y la protección ambiental, pero el perfil definitivo será modelado por el directorio y el plantel técnico. Es obvio que el debate de fondo aún está por empezar.