El debate público en la Argentina suele reincidir en una fascinación casi excluyente por la ingeniería de los instrumentos. Se discuten con vehemencia regímenes cambiarios, regulaciones crediticias, políticas de precios, sistemas impositivos, políticas monetarias o grados de apertura. Existe la presunción de que bastaría con un diseño normativo técnicamente refinado -quizás sancionado con rango de ley por el Congreso- para inaugurar una era de estabilidad, crédito accesible, inversión y reactivación de la inversión productiva.

Sin embargo, nuestra historia demuestra los límites de ese voluntarismo normativo. En el mundo contemporáneo, el desarrollo y el éxito socioeconómico de las naciones no descansan de manera prioritaria en la audacia de los decretos sino en la solidez del entorno institucional en el que operan las empresas y las personas.

Enseñó el premio Nobel Douglass North que las instituciones no se agotan en las reglas formales escritas en códigos y constituciones o por firmes convicciones políticas de algunos líderes; sino que están constituidas, sobre todo, por las fuertes restricciones informales, las pautas de conducta socialmente aceptadas y la previsibilidad de los comportamientos colectivos a lo largo del tiempo.

En este punto resulta útil rescatar la clásica distinción formulada por José Ortega y Gasset entre las ideas y las creencias. Señalaba el filósofo que “a las ideas se las tiene; en las creencias se está”. Las ideas son construcciones intelectuales, proyectos deliberados, teorías varias, políticas propuestas y argumentos que elaboramos o debatimos. Las creencias, en cambio, operan como el suelo tácito y subterráneo sobre el que todos nos movemos sin pensarlo; constituyen la realidad básica de nuestra existencia cotidiana, aquello que damos por sentado acerca del funcionamiento del mundo y de nuestros semejantes. Y, por eso, mientras algunas ideas son de algunos y otras ideas son de otros simultáneamente, las creencias son de todos (o casi todos). Mientras a las ideas se las discute, las creencias son supuestos básicos admitidos por la generalidad. Por eso, cuanto mayor es el plano de las creencias, más previsibilidad social existe.

Un problema medular de la Argentina radica en que pretendemos resolver con ideas un problema que pertenece al orden de las creencias.

Se puede concebir una legislación perfecta que consagre la libre circulación de monedas, una ley de presupuesto equilibrado, la derogación de los regímenes que castigan el intercambio libre y hasta la intangibilidad absoluta de los depósitos bancarios. Pero si la sociedad, parte relevante del sistema político/jurídico, muchos formadores de opinión o influyentes y representantes sectoriales y agentes económicos están en la creencia de que los contratos son instrumentos precarios, que el derecho de propiedad es condicional a las urgencias coyunturales del gobernante y que cualquier alternancia política puede reintroducir alteraciones a principios escritos en la propia Constitución, expropiaciones o modificaciones unilaterales de condiciones de deuda, afecciones esenciales de los planes de negocios aprobados y violaciones a institutos comunes, la arquitectura normativa de referencia es letra muerta. Ya advertía Juan Bautista Alberdi: cuando una norma carece del respaldo del respeto y la costumbre social, se convierte en un mero “pedazo de papel, un trozo literario”.

La confianza económica no es un estado anímico ni un acto de fe; es un cálculo probabilístico sobre la consistencia temporal del sistema. En su Teoría de los sentimientos morales, Adam Smith entiende que el mercado y el progreso económico no pueden funcionar en el vacío ni sostenerse solo por la ley, sino que requieren un tejido previo de virtudes cívicas, empatía (“simpatía”) y aprobación social. Smith explica que las personas cumplen sus promesas y respetan las reglas no solo por miedo al castigo legal, sino porque internalizan las normas morales de su comunidad.

En su Teoría de los sentimientos morales, Adam Smith entiende que el mercado y el progreso económico no pueden funcionar en el vacío ni sostenerse solo por la ley.Fuente: archivo El Cronista

Entre nosotros, la conducta defensiva del inversor, el ahorrista o un agente económico es rigurosamente racional: aprendió tras sucesivas crisis (que tuvieron dos caras: las decisiones políticas y la permisividad pública mayoritaria) La desconfianza, el temor, las dudas, no son un capricho cultural; es la memoria acumulada de un Estado que ha violado sus propios compromisos sin grandes limitantes.

Este es un verdadero desacople frente a nuestros vecinos de la región. Cuando en otros países se suceden administraciones de signos ideológicos opuestos, la discusión pública versa sobre prioridades de gasto social, marcos regulatorios o esquemas tributarios. Pero nada relativo a los pilares de organización institucional. El respeto por el valor del dinero, los contratos y la propiedad privada forma parte de sus creencias compartidas. Y -lo más relevante- no solo en términos de lo que quieren sino también en términos de lo que hacen para que eso se consiga.

En la Argentina, en cambio, cada proceso electoral reabre una disputa sobre la legitimidad misma de las reglas de referencia elementales.

En un escenario global complejo, la competitividad depende, especialmente, de la calidad institucional: certidumbre jurídica, moderación fiscal, respeto por los agentes privados y sus actos, orden macroeconómico, contratos inalterables, apertura comercial, previsibilidad, libertad de flujos de capital e integración a las redes transnacionales de innovación y comercio. Pero sostenibles (el problema no es el presente, es el futuro). Las reformas económicas de mercado no alcanzan sustentabilidad mientras sean vistas como un posible paréntesis contingente entre dos ciclos sobreintervencionistas.

El desafío no es diseñar un mecanismo técnico infalible, sino conformar en creencias compartidas la virtud de la economía de mercado, la estabilidad monetaria, la libertad contractual, la autonomía particular, la vigencia de la propiedad privada y la previsibilidad institucional