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En Tamaulipas, el Máximo Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que los padres que no cumplan con la pensión alimenticia sin justificación adecuada podrán enfrentar sanciones de carácter tanto penal como civil.
Esta resolución se fundamenta en el Amparo Directo en Revisión 3097/2025, a través del cual se examinó el caso de un padre condenado por no cumplir con sus obligaciones alimentarias hacia sus hijas.
Con esta determinación, el tribunal supremo reitera que ningún menor debe quedar desprotegido debido a la negligencia de sus progenitores, reforzando así el deber legal de asegurar su sustento, bienestar y desarrollo integral.
Se impondrán sanciones inmediatas a quienes incumplan la pensión alimenticia
Las autoridades enfatizaron que estas medidas tienen como objetivo no solo sancionar el incumplimiento, sino también prevenir circunstancias que pongan en peligro el bienestar de los menores, asegurando su estabilidad económica y emocional. En este contexto, recordaron que la obligación alimentaria representa un deber irrenunciable de la responsabilidad parental y debe ser atendida de manera constante.
Asimismo, el Pleno del Tribunal subrayó que la omisión deliberada del pago de la pensión alimenticia puede considerarse una forma de abandono, pues impacta directamente en los derechos y condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes.
Por consiguiente, aquellos que incumplan sin justificación podrían enfrentar sanciones que oscilan desde embargos y retenciones salariales hasta penas de prisión, en función de las circunstancias y la gravedad de cada caso.
“Sin causa justificada”: la Corte Suprema fija los criterios para analizar casos individuales
La interpretación del concepto “sin motivo justificado” es fundamental. La Suprema Corte ha determinado que esta expresión no presenta ambigüedad ni falta de claridad, sino que se debe examinar en función de las circunstancias específicas de cada situación.
Por consiguiente, es responsabilidad de los jueces considerar factores como la capacidad económica del deudor alimentario, su condición laboral y la presencia de causas de fuerza mayor u otros obstáculos reales que hayan complicado el cumplimiento de la obligación.
De este modo, el criterio tiene como objetivo prevenir decisiones injustas o desproporcionadas, garantizando la salvaguarda de los derechos de los niños y adolescentes, sin desestimar las condiciones reales que puedan enfrentar los progenitores responsables del pago.
El objetivo es preservar un equilibrio entre la aplicación de la ley y la realidad social de cada caso.
