En una economía global focalizada en la búsqueda del crecimiento y la estabilidad, cuyo objetivo es afianzar el empleo, introducir productos y servicios al mundo y prestar servicios de alto valor agregado en el mercado local, se requieren políticas públicas que incentiven un entorno de trabajo de calidad, seguro y confiable.
Es necesario desarrollar fortalezas competitivas de manera inteligente, una estrategia de país a largo plazo, y recursos ya sean públicos o privados que puedan ser utilizados de manera eficiente y racional sin importar quien detente la gestión y el origen de su capital.
Si hablamos de las ventajas competitivas para la localización o retención de centros de servicios (denominados call centers), debemos pensar en la creación de un marco regulatorio que incentive el desarrollo sustentable de esas actividades. Que balancee las condiciones laborales necesarias para la sustentabilidad económica de los puestos de trabajo demandados.
Trabajadores, empresas, sindicatos, legisladores y Poder Ejecutivo, deberíamos trabajar juntos para presentar a la Argentina como una alternativa para la instalación y el mantenimiento de centros de servicios, fortaleciendo la competitividad, las condiciones micro-económicas y, promulgando leyes que promuevan su desarrollo sostenible.
Estos servicios no se limitan sólo a la centros de atención, sino también a aquellos definidos como actividades identificables, intangibles y perecederas, resultado de esfuerzos humanos y tecnológicos, donde se relocalizan los procesos de negocios caracterizados por altos volúmenes transaccionales, la utilización de mano de obra intensiva y la capacidad de comunicación y transmisión a destino, llevados a cabo con la calidad y competitividad que toda tarea diferenciadora requiere, entenderíamos por qué estas oportunidades de crecimiento para el país deben ser incentivadas, evitando marcos legales que la pongan en riesgo.
Existen en la actualidad proyectos de ley que por regular esta actividad con fines nobles, podrían provocar resultados no deseados. Dichos proyectos, actualmente en discusión en ambas Cámaras del Congreso impulsan la creación del Estatuto para Teleoperadores.
Creemos que todo proyecto de ley en la materia debe generar condiciones laborales que procuren incentivar la inversión en infraestructura, en tecnología y en capacitación, mejorar la prestación del servicio y el ejercicio de las tareas. Las consecuencias no deseadas de iniciativas como este proyecto afectarán, de ser convertidas en ley, el empleo genuino y la sustentabilidad económica de las empresas que utilizan estos métodos para la venta, atención de clientes o asesoramiento.
Aportar una definición concreta del concepto de teleoperadores es fundamental, ya que la actual redacción del Art. 2º da cabida a que cualquier empleado que realice prestación de servicios utilizando en alguna medida un teléfono y una computadora sea incluida en ella
Finalmente, creemos necesario expresar la posibilidad de conflicto entre el dictamen de mayoría de Diputados (3er párrafo del Art. 3º) con la Ley Nº 24.124, ratificatoria del Tratado suscripto entre Argentina y los Estados Unidos de América sobre la promoción y protección recíproca de inversiones. Los acuerdos comerciales y de inversión a menudo prohíben ciertos tipos de requisitos de desempeño a fin de evitar distorsiones como la incluida en el Art. 3º del mencionado Dictamen. El Tratado (en Art. 2º, punto 5) resuelve que Ninguna de las Partes establecerá requisitos de desempeño como condición para el establecimiento, la expansión o el mantenimiento de las inversiones, que requieran o exijan compromisos de exportar mercancías, o especifiquen que ciertas mercaderías o servicios se adquieran localmente, o impongan cualesquiera otros requisitos similares.
Por eso, la exigencia de radi cación en la Argentina entra en una potencial colisión con lo establecido en el articulado del mencionado acuerdo internacional.
Abordar estos problemas de manera inteligente y consensuada permitirá compartir entre todos los actores el objetivo último de encarar la creación de empleos y la protección integral del trabajador sin afectar el crecimiento de estas actividades en las empresas. Hacerlo de la manera equivocada puede que termine generando más perjuicio que soluciones.
