El presidente Javier Milei exploró los límites de la adhesión popular que lo depositó apenas diez días antes en el sillón de Rivadavia. El jefe de Estado estableció, desde la campaña proselitista, que recuperar la economía y la seguridad serían los ejes rectores de su gestión libertaria. Y para ejecutar esa tarea como un plan de shock apostó a tres figuras procedentes del PRO: los ministros Luis Caputo, Patricia Bullrich y el economista Federico Sturzenegger, encargado de elaborar el paquete de reformas que el propio jefe de Estado presentó en forma de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y proyectos de ley que llegarán al Congreso en los próximos días. A pesar de que los elegidos no pertenecían al núcleo de especialistas con el que inició la aventura electoral, Milei buscó dejar en claro, por sobre todo, que se encuentra al frente de las decisiones tomadas. Lo hizo el martes, cuando como parte de la negociación con los gobernadores que reclaman fondos con urgencia, planteó la necesidad derevertir la eliminación del impuesto a las Ganancias que él mismo había votado en Diputados, a la espera de que la recuperación de ingresos que beneficiaría a las provincias le garantice el visto bueno parlamentario a las reformas propuestas y contribuya con el ajuste estatal a eliminar el déficit fiscal en 2024. También en la tarde de hoy, cuando se mostró en el comando central de la Policía Federal para seguir de cerca el monitoreo del operativo antipiquete que se aplicó en la marcha a Plaza de Mayo de la izquierda y movimientos sociales, con la intención de respaldar a Bullrich y reforzar ante sus votantes el mensaje de que no permitirá que se bloquee la libre circulación. Y por la noche, cuando en cadena nacional y rodeado de su gabinete, explicó las razones del DNU y los proyectos que plantean, entre otras cosas, la necesidad de aplicar una reforma laboral, la apertura de privatizaciones, la eliminacion de restricciones de precios a la medicina prepaga, la cesión a empleados del paquete accionario de Aerolíneas, la eliminación de la ley de alquileres, de abastecimiento, de góndolas, etcétera. Una desregulación total con medidas que, en algunos casos, impactarán inicialmente en la clase media -núcleo del electorado de La Libertad Avanza-, que ya viene padeciendo una agobiante suba de precios. Y en muchos otros en los gremios nucleados en la CGT, cuyo poder de movilización es muy superior a las organizaciones de izquierda. Por ello, con 45% de la población bajo la línea de la pobreza, el 30% de inflación garantizado para este mes y un verano que, según proyectan los economistas, podría acumular una suba del 80% al 100% por efecto de la devaluación y la liberación de los precios reprimidos; las iniciativas presentadas pondrán a prueba el soporte de los 14,5 millones de votos que cosechó el primer mandatario en el balotaje y determinarán los costos de explorar la frontera del respaldo popular. Anoche quienes no lo acompañaron ya hicieron sonar algunas cacerolas.