El fallo de la Cámara de Apelaciones que confirma una sentencia del juez Thomas Griesa en la cual se había dispuesto un amplio proceso de discovery (búsqueda de activos del Estado argentino) en el exterior tiene, desde mi punto de vista, un valor más político que legal.
El fallo obliga al Estado argentino y a ciertas entidades financieras a dar amplia información sobre activos públicos en el exterior, sin distinguir en base a la naturaleza de los mismos. Por ejemplo, se debe informar sobre activos militares.
Pero es necesario distinguir entre “la obligación de informar” y “el derecho a embargar y ejecutar”.
Mediante el discovery se obliga al Estado argentino a informar sobre sus activos pero sin que ello implique que los activos a ser informados sean, per se, embargables, sino que, luego de ser informados, el juez Griesa, a pedido de los demandantes y en contra de la postura argentina, deberá resolver la embargabilidad o no de cada uno de los activos.
En este sentido, los principios jurídicos sobre la embargabilidad de activos soberanos no se han modificado y entonces sobre cada activo será necesario llevar adelante un análisis particular y específico en base a la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera de los Estados Unidos. Esto, a fin de determinar si son sujetos de embargos. Por ejemplo, y usando el mismo caso, los activos militares no son embargables. Entonces en este supuesto el proceso terminará en la información sobre dichos activos. Lo mismo ocurre con los activos diplomáticos y todos los activos que no tengan naturaleza comercial.
El caso más significativo es el de las reservas del Banco Central, pero en relación con las mismas ya existe un expediente separado y adicionalmente las reservas se encuentran depositadas en el Banco de Basilea, que goza de inmunidad.
