Si el 2024 fue el año del ajuste sin pausa para poner en orden las cuentas fiscales, este año el foco está puesto en la rebaja de impuestos, justificativo final del superávit logrado en los primeros doce meses de gestión. El primer gran paso lo dio el gobierno nacional con la reducción de diez puntos del impuesto PAIS, y la derogación del 7,5% restante a partir de diciembre. Lo siguió esta semana la rebaja temporal de las retenciones a la soja y a los cereales, y está en danza una tercera movida tributaria: la posible baja de alícuotas del impuesto interno que grava a los autos de alta gama. El Gobierno asumió esta política ante la necesidad de que el costo argentino se adapte al nuevo escenario, sin tener que tocar para ello el tipo de cambio. El camino es largo, pero el mensaje ahora incluye otro componente: el esfuerzo fiscal tiene que empezar a ser compartido por provincias y municipios, que acudieron a una suba de la presión tributaria como mecanismo para surfear el recorte de partidas aplicado desde Nación. Así lo reiteró el ministro Luis Caputo. Los privados no tardaron en hacerse eco de este pedido. En las últimas 48 horas hubo una sinfonía de reclamos públicos contra el más distorsivo de los tributos provinciales, Ingresos Brutos. Desde la Cámara Argentina de Comercio hasta la Asociación Argentina de Bancos (ABA), pasando nada menos que por Mercado Libre, todos plantearon la necesidad de retrotraer las tasas aplicadas y darles razonabilidad. Los bancos dejaron a la vista una realidad: muchas provincias y municipios castigan al sector financiero con alícuotas muy superiores a las del resto de los sectores productivos, cuyos dirigentes creen que un gravamen de ese tipo se disimula mejor si su peso se reparte entre muchos actores. Pero ese es justamente el problema del presente: cuando la inflación pasa a tener un ritmo de 2% mensual o menos, poner una tasa de 9% de Ingresos Brutos a las transacciones de los bancos y las billeteras virtuales en una provincia, es un castigo a sus habitantes, que se expresa en el costo del crédito, o bien en la falta de crédito. El acuerdo fiscal entre Nación y provincias de 2017 inducía una baja de II.BB. La crisis de 2019, primero, y la pandemia después, invirtieron la tendencia. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Chubut lideran un movimiento que busca aliviar al agro y a sectores productivos, con bajas de alícuotas. La Ciudad de Buenos Aires sumó exenciones y habilitó la devolución de saldos a favor de manera online. Es un comienzo, pero lo que hace falta es una solución más de fondo. Los años electorales no suelen ser los más aptos para negociar con las provincias. Pero hay que empezar a alisar el terreno: Ingresos Brutos necesita un reemplazo.