Al igual que el plan vigente hasta el pasado mayo, la AFIP se ha hecho eco de los constantes pedidos y reclamos por parte de los contribuyentes por una posibilidad de financiamiento concreto en plena campaña electoral y lo hizo15 días antes de la definición del ballottage presidencial. Lo formalizó mediante la implantación de un plan de pagos especial a 10 años (120 meses) para las deudas que hayan tenido vencimiento al 30/09/2015, siendo la fecha de presentación límite para adherirse el 30 de noviembre próximo, con una tasa de interés del 16,2% anual. Una ganga.
Este beneficio debe ser interpretado como una medida necesaria pero desesperada que implica una compensación de actitudes y un retroceso en las medidas de estrangulamiento fiscal que se venían tomando en relación al financiamiento para la regularización de obligaciones tributarias, pero que nuevamente propicia el pago de justos por pecadores, pues exclusivamente incluye la posibilidad de beneficiarse con la opción a quienes sean deudores por obligaciones cuyo vencimiento opere el 30 de septiembre de 2015, con la gran novedad de poder refinanciar planes vigentes.
Pero el escaso margen de tiempos (el plazo para acogerse al plan de pagos vence el 30/11/2015) nos lleva a hacer ciertas conjeturas sobre la verdadera razón en la implantación de estas herramientas de facilidades, que diluyen a las obligaciones al poder cancelarlas en tanto tiempo. Será muy interesante conocer a futuro quiénes son los verdaderos beneficiarios y destinatarios de estas medidas.
Blanqueo o exteriorización
Este plan de pagos constituye sin dudas una posibilidad de exteriorización o blanqueo encubierto pues permite rectificar cualquier declaración jurada de cualquier impuesto y período anterior al 30/09/2015, a demás financiarse con el estado a 10 años, condicionando la posibilidad de recaudación futura: una verdadera provocación ante un inminente cambio de gobierno; cuando ambos candidatos evalúan la posibilidad concreta de implementar un blanqueo para repatriar divisas.
En este plan de pagos hasta se pueden financiar obligaciones que surjan hasta por la utilización de facturas apócrifas, o cualquier obligación evadida, sus intereses y multas, una verdadera oportunidad para quienes se mueven al margen de la ley, ya que es el Estado quien los financia.
En un sistema tributario en el que se cobran impuestos por adelantado a los empleados, sin que tengan la posibilidad de financiarse con estas herramientas, es un claro indicio que las prioridades de nuestro país están patas para arriba; una verdadera contradicción que siempre termina beneficiando a los que más tienen. Los planes de pagos anteriores tenían al menos el requisito de mantener los empleados que se poseían a determinada fecha, cuestión que hoy ha quedado totalmente diluida, marcando un escenario de inseguridad jurídica total, castigando indiscriminadamente a quien cumple.
El desconcierto es tal que se explica por una sola razón...
