Tras el fallo de la Corte: ¿puede el Congreso dar una moratoria?

El máximo tribunal sostuvo que todo aquello que implique afectar de algún modo el régimen de la coparticipación o los fondos que lo conforman, debe hacerse de acuerdo con las pautas previstas por la Constitución Nacional de acuerdos especiales.

En la medida cautelar sobre la rebaja del IVA, la Corte Suprema de Justicia encuentra la verosimiltud en el derecho esgrimido por las provincias, en que las exenciones o liberalidades tributarias otorgadas por el Poder Ejecutivo constituyen una forma de disposición unilateral de la masa coparticipable, antes de la distribución primaria.

Esto, a entender de la Corte Suprema de Justicia, afectaría el espíritu de la Ley Convenio de Coparticipación Federal de Impuestos (23.548), que tiene como eje el consenso o acuerdo entre los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, y el Gobierno federal.

En ese sentido, la Corte sostiene que todo aquello que implique afectar de algún modo el régimen de la coparticipación o los fondos que lo conforman, debe hacerse de acuerdo con las pautas previstas por la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 2), a partir del tercer párrafo.

En mi opinión, esta tesitura de la Corte avanza sobre un punto no escrito en la Ley 23.548. En ninguna parte de esta norma se prevé que sea obligación de la Nación contar con el consenso de las provincias para establecer medidas tributarias de incentivo o de fines extrafiscales de los impuestos que debe recaudar cuando impliquen una merma en la recaudación. 

Por ejemplo, exenciones, régimenes de promoción de actividades como la industria del conocimiento, o incluso las leyes de moratoria o blanqueo, ya que de acuerdo con este entendimiento, para ser válidas deberan costearse con la parte de la coparticipación que le corresponde a la Nación o con recursos propios de ésta.

Obviamente que esto no mide el beneficio que indirectamente reciben las provincias como consecuencia de estas políticas.

Si bien en este caso se trata de decretos, la cuestión debería ser examinada en conjunto con la cláusula del progreso que la Constitución Nacional reconoce al gobierno federal a través del Congreso Nacional, en el artículo 75 incisos 18 y 19, que lo facultad a establecer temporalmente recompensas o estimulos que impliquen privilegios.

De esta manera, la Corte crea una nueva obligación en cabeza del gobierno federal como parte signataria de la ley convenio que no se encontraba escrita pero que se extraería, según el fallo, de las normas constitucionales que gobiernan el tema de la coparticipación.

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