Temor al rebrote: ¿otro pico sanitario y caída económica

En el sector privado dicen, bajito para no cortar la racha, que desde hace unos 10 días la economía empezó a moverse un poco. Esta situación permitiría proyectar un fin de año menos turbulento de lo que se imaginaba hace solo un mes atrás. Y eso, en medio de la recesión, la pandemia y la danza de las vacunas, es un break para renovar energías y enfrentar lo que se viene desde el comienzo mismo de 2021: una enorme batería de desafíos que la política debería encauzar con muñeca de cristal.

En el Gobierno también buscan no dilapidar esta vez el puñado de buenas noticias que tiene para mostrar, como sí paso con el cierre con los bonistas, que evitó el default y que pasó sin pena ni gloria.

Hay extremos. Por ejemplo, un sector de la coalición gobernante canta como gol de media cancha que haya un dólar más calmo, una brecha cambiaria entre la cotización oficial y la del blue que cede, la salida al mercado para financiarse (habrá otras cinco licitaciones este mes, además de la de esta semana que celebró el Palacio de Hacienda) y la nueva misión del Fondo Monetario que ya está en la Argentina: falta mucho para el campeonato.

Como pasa en el ámbito sanitario, nada está terminado y, sobre todo, hay temor al rebrote que traducido a la actividad económica sería a una nueva caída brusca que podría darse a partir de mediados de enero sino se aquietan las turbulencias políticas, con o sin vacunas a la vista.

Un desafío es qué pasará con la productividad y el empleo en 2021. Una flamante encuesta del Observatorio Pyme que acaba de salir del horno. "Coronavirus: el impacto sobre las Pymes, producción y empleo" reveló que existe una diferencia entre el grado de operatividad que presentan las empresas y la tasa de actividad del personal.

En este relevamiento a 8422 empresas en todo el país encuestadas desde mediados de marzo hasta fines de octubre, se destacó que hay compañías que están 100% operativas pero funcionan con entre el 20% y el 35% de su personal.

De acuerdo con este relevamiento, "las empresas en completa actividad no están reincorporando al staff total", y eso tiene que ver con las restricciones de los grupos de riesgo o los protocolos sanitarios pero también con nuevos procesos de organización interna. "El grado de operatividad de las empresas se refiere al funcionamiento de la firma y no a la tasa de actividad del personal" destacó el informe que además reveló que aunque las empresas pueden estar clasificadas como "totalmente operativa" eso no necesariamente implica que todo su personal lo esté y, del mismo modo, empresas "no operativas" pueden tener activa una parte de su personal realizando actividades internas (administración y planeamiento, por ejemplo).

El 43% de las encuestadas admitieron que no tendrán posibilidad de incluir la modalidad de teletrabajo y eso involucraría a cerca de 280.000 empresas y un universo cercano a 1,5 millones de trabajadores registrados.

Los datos oficiales muestran un alerta naranja en torno a la reincorporación de trabajadores que aún están empleados pero con actividad nula o parcial y esto se suma al riesgo inminente de cierre de empresas.

En la encuesta del Observatorio Pyme se reveló que a pesar de los esfuerzos del Gobierno por ofrecer herramientas de sostén al sector productivo en medio de la pandemia "el promedio nacional de cierre ronda el 8%", era un estimador que se proyectaba en el comienzo de la cuarentena, a mediados de marzo. De acuerdo con el informe eso representaría unas 60.000 pymes que ocupan 263.000 trabajadores la proporción de cierra parece mayor en el comercio (10%), los servicios (9%) más que en la Construcción o la industria manufacturera (7%).

Lo que vendrá, en definitiva, requerirá de trazos con hilo de oro por parte de la política para sostener la estructura productiva, el empleo y la macroeconomía saludable. A veces, pareciera que sólo hay carreteles de hilos de arpillera a mano. Es el caso, entre muchos otros, de un proyecto de ley que gana músculo por estas horas en torno al etiquetado de alimentos saludables. ¿Quién podría oponerse con ese título?

Sin embargo, la letra chica tiene en vilo a las alimenticias de Copal, que preside Daniel Funes de Rioja, y también es un tema en la agenda de la Unión Industrial, que timonea Miguel Acevedo, y que se encamina hacia fin de mes a su Conferencia anual 2020. De acuerdo con lo que se prevé se tomaría como ejemplo la ley que rige en Chile desde más de cinco años y que le coloca etiquetas negras a los envases alimenticios según sus características nutricionales.

Si esto se tomara de este modo, los expertos consideran que el 91% de los productos que hoy están en góndola se verían negros en su packaging porque los criterios, por ejemplo podrían otorgarle la misma característica nutricional a una bebida cola que a un yogur. Entre las empresas que operan de este lado de la Cordillera aspiran a una legislación inspirada en la Unión Europea que le pone semáforos a los alimentos (rojo, amarillo, verde) y que podría amalgamarse dentro del Mercosur para evitar competencias interbloque que complique en el corto plazo las exportaciones de alimentos argentinos al mundo.