Las expectativas de reactivación carecen de fundamento

En primer lugar y en contraste con lo que afirman los funcionarios del Gobierno, ningún dato permite asegurar que la economía salió de la fase de estancamiento en la que se encuentra desde el último trimestre de 2011.

Estancamiento no implica inmovilidad del PBI; la economía creció hasta setiembre de 2011 y a partir de entonces el EMAE ha fluctuado en una estrecha banda de aproximadamente +2 y -3 puntos porcentuales (pp).

El uso sin calificaciones del término reactivación para referirse a la evolución de la economía desde noviembre último resulta engañoso. Es cierto que el PBI parece oscilar en un nivel más alto que el de setiembre del año pasado, pero para afirmar que la economía ha salido de la larga fase de estancamiento para internarse en una de crecimiento se requieren varios meses de expansión que lleven el índice por encima del nivel que tenía en setiembre 2011 más dos puntos porcentuales.

Ya hubo dos ocasiones en que el nivel de actividad económica rebotó contra el límite inferior de la banda de estancamiento (en 2012 y 2014) sólo para volver a frenarse al llegar al límite superior. Los registros positivos del EMAE desde noviembre ni siquiera presentan la continuidad y la amplitud de estas falsas recuperaciones del pasado reciente.

El diagnóstico de que la economía ha comenzado a recuperarse resulta aún más endeble si se considera la evolución de la inversión que a principios de 2017 era todavía más baja que el fatídico primer trimestre de 2016.

En segundo lugar, tampoco hay ninguna base razonable para pronosticar la continuidad y menos aún la aceleración de la tendencia positiva del nivel de actividad como lo están haciendo los funcionarios del Gobierno y las consultoras privadas.

Basta repasar la historia del país para notar que dos factores deben converger para que se inicie una nueva fase expansiva. El primero es una licuación salarial en regla que eleve en el corto plazo la rentabilidad del capital (ver sobre esto la obra de Guillermo Vitelli). El segundo es la convergencia de este aumento de los márgenes de ganancia con una etapa expansiva del ciclo financiero mundial y/o de los precios de las materias primas.

Así, la expansión de la década del 90 se apoyó en el recorte salarial ocasionado por la primera hiperinflación y en la perspectiva de consolidarlo mediante una modificación de la legislación laboral en el marco de una oleada de exportación de capitales desde el centro a la periferia.

A su turno, la expansión de los años 2000 reposó en la licuación de costos salariales provocada por la gran devaluación del primer semestre de 2002, combinada con una rigurosa dosificación de los incrementos salariales a partir de allí y en el marco de un aumento sin precedentes de los precios de las materias primas.

Ninguna de estas condiciones está presente hoy. La situación financiera mundial es de gran inestabilidad y el ciclo financiero parece más cerca de un final abrupto que de un claro amanecer. Tampoco tuvo lugar una licuación sustancial de los costos laborales.

Por un lado, el actual gobierno optó por una devaluación acotada del peso. Por el otro, no ha logrado imponer sus pautas de ajuste salarial ni en 2016 ni en lo que va de 2017. El resultado fue que el salario real se redujo lo suficiente para empeorar la situación social y atizar el descontento laboral, pero no lo bastante para producir el shock de rentabilidad que las cámaras empresariales vienen demandando.

En suma, el nuevo programa económico no ha producido aún un punto de inflexión en el largo estancamiento de la economía argentina ni ha creado las condiciones locales para que esto ocurra en el corto plazo.

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