El desafío de elaborar un plan para el día después

A 18 días de iniciada la cuarentena y cuando todavía faltan siete días para que finalice la primera extensión, el trade off entre salud y economía, frente al cual el Presidente "eligió la salud" empieza a ser cada vez más palpable.

Un cálculo ad hoc realizado en el Estudio a partir de una cuantificación sectorial de los costos estima que cada día de cuarentena implica que la economía funciona un 40% por debajo de los niveles sin restricciones. Por lo que a priori, aún si el próximo lunes finalizara la cuarentena y la economía volviera a operar normalmente, la economía caería dos puntos porcentuales más que en los escenarios sin default y con default -con caídas de 1% y 4% respectivamente- que manejábamos antes del coronavirus. Algo que no luce viable plenamente en el corto plazo frente a una curva de contagios que podría dispararse si la cuarentena se levanta.

Semejante destrucción del PIB no puede ser compensada totalmente por los Estados, aunque evidentemente estos tienen que intervenir para evitar una destrucción del contrato social que provocaría que una parte de la población se quede directamente sin ingresos. De alguna manera, los países han ido decidiendo sobre la marcha y sesgando parcialmente sus medidas en función de si protegían el empleo (Reino Unido), los ingresos a través de un cheque del estado mientras la flexibilidad del mercado laboral dispara los despidos (EE.UU.) o la capacidad de compra a través de la postergación de los pagos de luz, gas, alquiler e hipotecas (Francia). Lo mismo las líneas de liquidez a las empresas a tasas cero (Alemania).

En cualquier caso, los paquetes fiscales en el mundo desarrollado son enormes y van entre 4% y hasta 12% del PIB, en un contexto donde los países se financian con tasas de interés muy bajas y/o negativas frente a bancos centrales que priorizaron la liquidez para intentar limitar el contagio sistémico.

En Argentina, sin margen fiscal ni monetario y con un mucho mayor nivel de informalidad de la economía, el Gobierno avanzó también en medidas para intentar contener los efectos económicos del aislamiento que sumarían por mes cerca $ 160.000 millones e incluyen entre otras el reparto de alimentos a los hogares carenciados, transferencias monetarias apuntando a los sectores informales y monotributistas de las categorías más bajas, extensión del repro y baja de cargas sociales a los sectores no esenciales.

En simultáneo anunció la prohibición de corte por 180 días de servicios básicos (luz, gas, teléfono, cable), el congelamiento de alquileres y de hipotecas indexadas. E intenta a través del BCRA expandir vía baja de encajes el crédito a las empresas para que paguen la nómina salarial mientras prohíbe despidos y no habilita suspensiones. El desarme de Leliq impulsado por el BCRA está desmoronando la tasa de plazos fijos y fundamentalmente la tasa de caución, situación que en algún momento debería empezar a presionar sobre la brecha cambiaria mientras el BCRA mantiene un deslizamiento diario del tipo de cambio que acompaña la inflación.

Evidentemente, el deterioro fiscal va a depender de cuánto tiempo se extiendan las medidas de aislamiento social, del desplome en la recaudación que empieza a operar y fundamentalmente de la capacidad de recuperación de la economía después.

Intentando rearmar los números fiscales en base a la información disponible, marzo apuntaría a un déficit antes de intereses de $ 70.000 o $ 80.000 millones, en tanto en abril éste podría ubicarse en torno a $ 280.000 millones y el de mayo y junio en torno a $ 260.000 millones mensuales promedio (suponiendo que las medidas compensatorias en mayo y junio operan al 80% y 50% respectivamente).

En este escenario, a partir de julio y hasta noviembre el déficit podría volver a la zona de $ 50.000 millones mensuales para saltar en diciembre a $ 200.000 millones consistentes con la propia estacionalidad. Con estos números, el déficit primario del año, que en 2019 finalizó en 0,5% del PIB, podría volver a la zona de 4,2% del PIB ($ 1340 miles de millones, de los cuales $ 1250 miles de millones se acumularían entre abril y diciembre).

La dinámica inflacionaria va a estar determinada en gran medida por el manejo del dólar oficial por parte del BCRA (en un contexto donde las monedas vecinas se devalúan) con cepo y con reservas limitadas. También dependerá de la reacción de la brecha cambiaria frente al manejo del programa financiero de pesos, donde el gobierno sigue intentando construir una curva "conversada" que le permite rollar la mitad de los vencimientos. Programa financiero que se va a ver impactado por el salto en el déficit fiscal y el manejo de la deuda.

Es cierto que con el cambio en el contexto, los mecanismos de propagación de la inflación se amortiguan en la transición y el traslado a precios de una devaluación en el dólar oficial y/o en la brecha cambiaria es menor mientras se sostenga el "aislamiento social".

Por un lado, el rezago tarifario claramente se modera con un barril de petróleo a estos niveles. Por otro lado, no es esperable una disparada de la puja distributiva en esta coyuntura donde la prioridad de los sindicatos va a estar puesta en sostener los puestos de trabajo en los sectores "no esenciales" y en reducir los riesgos de contagio de sus afiliados en los "sectores esenciales". Pero también, los controles gubernamentales con la ley de abastecimiento bajo el brazo que hace dos meses parecían anacrónicos, en mitad de esta situación, empiezan a ser adoptados incluso por los países centrales.

Es probable que en la transición la escasez se maneje con estas medidas. Pero no luce una estrategia de mediano plazo una vez que la emergencia desaparezca, quede la inyección monetaria y las pujas distributivas vuelvan a aparecer. En ese momento, el éxito o fracaso en el manejo de la deuda para evitar el default; y en la estrategia relativa a otros países para frenar la curva de contagios mostrando que priorizar la salud fue o no la opción correcta, serán determinantes para contribuir a estabilizar la demanda de pesos y evitar una disparada peligrosa de la inflación.

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