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El debate por el salario mínimo en Colombia volvió a instalarse en el centro de la escena institucional, pero esta vez lejos de las mesas de concertación y más cerca de los tribunales. Una demanda judicial puso en cuestión el alcance real de las decisiones del Ejecutivo y abrió un interrogante que trasciende lo salarial.
El planteo no apunta directamente al monto del salario mínimo, sino a los criterios utilizados para su definición. Allí es donde surge el conflicto: ¿puede el presidente modificar las reglas del juego sin alterar el marco legal vigente?
Aunque el tema involucra cifras, inflación y poder adquisitivo, el trasfondo es más profundo. Se trata de los límites legales del Gobierno, el respeto por los procedimientos y el impacto que cualquier cambio puede generar en trabajadores, empresas y la economía colombiana.
Salario mínimo en Colombia: qué cuestiona la demanda contra el Ejecutivo
La acción judicial sostiene que el presidente Gustavo Petro no tendría facultades legales para cambiar los criterios con los que se fija el salario mínimo en Colombia. Según el recurso, esos parámetros están establecidos por la ley y la Constitución, y no pueden alterarse de forma unilateral.
En particular, la demanda hace referencia al rol de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, creada por la Ley 278 de 1996. Este organismo reúne al Gobierno, empresarios y centrales obreras, y es el espacio donde deben definirse los ajustes salariales con base en variables técnicas.
Los demandantes advierten que modificar esos criterios sin pasar por ese esquema podría vulnerar principios como la concertación social, la seguridad jurídica y el equilibrio entre los distintos actores del mercado laboral.
Impacto del salario mínimo y el debate sobre los límites del poder presidencial
Más allá del plano jurídico, el salario mínimo tiene efectos directos sobre el empleo, los costos empresariales y la inflación. Por eso, los especialistas señalan que cualquier cambio en su metodología debe ser técnico, gradual y consensuado.
Desde el sector empresarial, se remarca que alterar las reglas puede generar incertidumbre económica, mientras que los sindicatos alertan sobre el riesgo de que el debate judicial termine debilitando los mecanismos de protección salarial.
El caso no define aún un resultado concreto, pero sí instala una discusión de fondo: hasta dónde puede llegar el poder del Ejecutivo en materia salarial y cómo se preserva la institucionalidad en uno de los temas más sensibles para millones de colombianos.
