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Un operativo militar en el occidente del país derivó en una situación que encendió las alertas de las autoridades. En una zona rural de difícil acceso, una misión de las Fuerzas Militares fue interrumpida de manera abrupta, dejando interrogantes sobre lo ocurrido y sobre el rol de las comunidades presentes en el lugar.
La información oficial se conoció de forma gradual. Al principio, solo trascendió que uniformados habían sido rodeados mientras cumplían labores constitucionales, en un contexto marcado por la presencia del ELN y la compleja dinámica de orden público en el departamento del Chocó.
Con el paso de las horas, el Ejército Nacional confirmó la gravedad del hecho. Se trató de un secuestro colectivo, ocurrido el 21 de diciembre, que volvió a poner en el centro del debate la seguridad de las operaciones militares y la instrumentalización de civiles en zonas de conflicto.
Secuestro de militares en Chocó durante operación contra el ELN
El secuestro de militares en Chocó ocurrió en el municipio de Carmen de Atrato, donde 18 soldados adelantaban operaciones contra el Grupo Armado Organizado ELN. Según el Ejército, la unidad fue rodeada por más de 200 personas, presuntamente pertenecientes a comunidades del Pacífico, bajo constreñimiento de actores armados.
Los uniformados fueron retenidos y trasladados de manera arbitraria hacia un resguardo indígena, impidiéndoles continuar con su misión de proteger a la población civil y preservar el orden constitucional. La institución señaló que este tipo de acciones afectan directamente la legitimidad de las operaciones del Estado.
Ejército Nacional rechaza el secuestro de soldados en Carmen de Atrato
Tras conocerse el hecho, el Ejército Nacional rechazó categóricamente el secuestro de soldados y advirtió que cualquier vulneración a la libertad personal y seguridad de la Fuerza Pública es inaceptable. La Décima Quinta Brigada expresó su preocupación por la integridad de los militares retenidos.
Además, la institución hizo un llamado urgente a autoridades, organismos de derechos humanos y líderes comunitarios para que se garantice la liberación pronta y segura de los soldados, privilegiando el diálogo y el respeto por la institucionalidad.
El Ejército también recordó que la privación de la libertad de miembros de la Fuerza Pública es una conducta tipificada por la ley y puede acarrear responsabilidades penales, incluso para civiles que participen o faciliten este tipo de acciones, subrayando la necesidad de evitar que comunidades sean involucradas en dinámicas del conflicto armado.
