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La excandidata presidencial Paloma Valencia cuestionó este jueves 23 de julio una reciente decisión del Gobierno de Gustavo Petro relacionada con la administración y el saneamiento de tierras destinadas a la reforma agraria.
A través de su cuenta oficial en X, la dirigente política aseguró que el Decreto 0765 del 15 de julio de 2026, expedido por el Ministerio de Agricultura, podría generar afectaciones sobre la propiedad privada y exceder las facultades establecidas por la ley.
La medida fue firmada pocos días antes de que finalice el mandato de Gustavo Petro y busca introducir cambios en los procedimientos aplicables a los predios adquiridos o transferidos a la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
¿Qué denunció Paloma Valencia sobre el Decreto 0765?
Valencia sostuvo que la normativa otorga atribuciones excesivas a la Agencia Nacional de Tierras y modifica procedimientos registrales sin pasar por las instancias correspondientes.
“El Gobierno acaba de expedir un decreto que pone en riesgo la propiedad privada en Colombia”, expresó la excandidata presidencial.
Según explicó, la disposición permitiría a la ANT cancelar gravámenes, asumir la denominada “posesión inmediata” de determinados terrenos y generar efectos registrales a partir de una promesa de compraventa.
“El Decreto 0765 del 15 de julio de 2026 excede de forma peligrosa las facultades de la ley: le permite a la ANT cancelar gravámenes, tomar ‘posesión inmediata’ de predios en el papel sin entrega física y producir efectos registrales con una simple promesa de compraventa”.
En ese sentido, Valencia consideró que el Ejecutivo no estaría limitándose a reglamentar una norma, sino que estaría introduciendo modificaciones al Estatuto Registral mediante un decreto.
“Esto no es reglamentar la ley; es modificar el Estatuto Registral por decreto y saltarse a jueces y registradores”, agregó.
¿Qué establece el decreto cuestionado?
El documento adiciona disposiciones a los decretos reglamentarios de los sectores Agropecuario, Justicia y Hacienda, en relación con el saneamiento de los predios y mejoras adquiridos o transferidos a la Agencia Nacional de Tierras.
La medida se enmarca en los objetivos previstos en el artículo 31 de la Ley 160 de 1994, relacionado con la adquisición de terrenos para programas de reforma agraria.
Uno de sus apartados dispone que la Superintendencia de Notariado y Registro deberá crear, antes del 25 de julio de 2026, un código registral especial.
De acuerdo con el decreto, este instrumento tendrá carácter exclusivamente publicitario y no implicará una limitación del derecho de dominio. Su finalidad será identificar los predios declarados de utilidad pública para la reforma agraria y aquellos que se encuentren bajo administración anticipada de la ANT.
El texto oficial señala que la Agencia podrá solicitar estas inscripciones sobre propiedades declaradas de utilidad pública o sobre terrenos respecto de los cuales exista una promesa de compraventa acompañada por el acta de entrega correspondiente.
La solicitud podrá presentarse ante las Unidades Móviles de Registro para la Reforma Agraria o directamente ante el registrador.
Paloma Valencia cuestionó la rapidez con la que se expidió la medida
La dirigente también criticó los plazos utilizados por el Gobierno para recibir observaciones sobre el proyecto. Según indicó, el documento estuvo abierto a comentarios en el portal del Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) entre el 2 y el 8 de julio y fue firmado una semana después.
“Lo hicieron, además, a toda velocidad. El Gobierno abrió comentarios en el portal SUCOP solo del 2 al 8 de julio y firmó el decreto el 15 de julio con ministros encargados”.
Valencia anticipó que la normativa podría ser demandada ante el Consejo de Estado por considerar que vulnera el ordenamiento jurídico. No obstante, advirtió que, mientras se resuelve su legalidad, podrían producirse operaciones sobre tierras difíciles de revertir.
“Un decreto ilegal e inconstitucional terminará cayéndose en el Consejo de Estado, pero, mientras tanto, provocará afectaciones a la propiedad y transferencias de tierras sumamente difíciles de revertir”.
“La reforma agraria no puede construirse destruyendo el Estado de derecho”
Finalmente, la excandidata presidencial responsabilizó al Gobierno por las posibles consecuencias derivadas de la aplicación de la medida y rechazó que eventuales conflictos sean atribuidos a quienes cuestionan el decreto.
“Quien tendrá que responder será el Gobierno por haber expedido un decreto improvisado, contrario al Estatuto Registral y a la Constitución”.
Valencia concluyó que los objetivos de la reforma agraria deben desarrollarse dentro del marco institucional y respetando las garantías constitucionales.
“La reforma agraria no puede construirse destruyendo el Estado de derecho”.