El Ministerio de Salud publicó un decreto que generará cambios importantes en la operación de las EPS en todo el país, afectando a millones de usuarios. La medida busca garantizar la equidad, sostenibilidad financiera y acceso efectivo a los servicios de salud, aunque también ha generado preocupación entre las entidades y los afiliados. El documento establece nuevos criterios de presencia nacional, departamental, municipal y distrital que las EPS deberán cumplir para continuar operando en sus territorios. Según el Ministerio, estas modificaciones buscan ordenar la operación de las entidades y mejorar la cobertura en zonas donde la atención ha sido limitada. No obstante, se estima que cerca de 6,6 millones de afiliados deberán ser trasladados a otras EPS, lo que generará un impacto directo en la prestación de servicios, la administración de las entidades y la experiencia de los usuarios, especialmente en aquellas regiones donde las EPS tienen baja presencia. El decreto 0182 de 2026 define cómo deben operar las EPS según la cantidad de afiliados y el tamaño poblacional de cada territorio. Introduce un modelo de aseguramiento con límites geográficos y poblacionales, obligando a las entidades con menor cobertura a ceder afiliados a otras EPS con mayor presencia. Además, establece que las EPS deberán cumplir criterios específicos a nivel nacional, departamental, municipal y distrital, garantizando que los usuarios tengan acceso a servicios de salud dentro de entidades que puedan sostener la atención de manera eficiente y continua. A nivel nacional, la redistribución será coordinada por el Ministerio de Salud y la Adres mediante asignación especial automática. Se calcula que cerca de 6,5 millones de personas cambiarán de EPS, priorizando la asignación a entidades con mayor cobertura y capacidad de atención. Entre las EPS receptoras se encuentra Nueva EPS, que actualmente es la entidad más grande del país y recibirá a millones de nuevos afiliados, incrementando de forma significativa su base de usuarios y generando expectativas sobre su capacidad operativa. En los departamentos, las EPS deberán cumplir con porcentajes mínimos de afiliación según el tamaño de la población. Departamentos con más de 2 millones de habitantes exigirán un 5 % de afiliados, mientras que territorios de 390.001 a 2 millones requerirán un mínimo del 10 %, y los de 100.000 a 390.000 habitantes un 15 %. Las EPS que no alcancen estos porcentajes deberán abandonar el territorio, y sus afiliados serán trasladados a otras entidades que cumplan los criterios. Este mecanismo busca garantizar una cobertura más equitativa y ordenada en todo el país. A nivel municipal y distrital, solo podrán operar las EPS que cuenten con participación suficiente de afiliados. Aquellas con menos del 3 % de usuarios en la zona deberán cesar operaciones, y sus afiliados serán automáticamente asignados a EPS autorizadas. Esta medida busca evitar la fragmentación del sistema de salud local y asegurar que los usuarios tengan acceso a servicios a través de entidades que puedan mantener una operación sostenible en su municipio o distrito. Nueva EPS, que actualmente tiene más de 11 millones de afiliados, recibirá al menos 2,6 millones de nuevos usuarios provenientes de Sanitas, Sura, Salud Total y Famisanar, lo que representa un incremento del 22,6 % en su base. Este aumento genera preocupaciones sobre su capacidad para garantizar atención oportuna. Según Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de Acemi, muchas de las EPS receptoras están bajo medidas de intervención y la redistribución masiva podría agravar los problemas operativos y financieros, afectando la atención de millones de colombianos. El gremio de las EPS ha señalado que la medida podría restringir la libre elección de los usuarios y afectar la continuidad de los servicios de salud. Además, advierten que la concentración de afiliados en pocas EPS aumenta los riesgos financieros y operativos. El decreto genera alarma en el sector debido a la incertidumbre sobre la capacidad de las entidades receptoras para atender a nuevos afiliados, especialmente en un contexto de crisis financiera y operativa que podría afectar la estabilidad del sistema de salud colombiano.