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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a defender a sus ex ministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Los ex funcionarios se encuentran en detención preventiva por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y aseguró que es inocente.
Desde el jueves, día en que se conoció la orden contra Bonilla, Petro ha insistido en la inocencia de su exministro y calificado la decisión judicial como un ataque político.
Petro acusó lawfare por la detención de sus ex ministros
Gustavo Petro aseguró que en Colombia se esta generando un lawfare, término con el que se refiere al uso del aparato judicial con fines políticos, por la detención de sus ex ministros de Haciendo e Interior “Estamos ante el lawfare de hecho y así resistiremos hasta el último día”, escribió en su cuenta de X.
“Ni los dos ministros debían estar presos, porque las partes no pidieron cárcel y el juez de garantías no podía extralimitarse por encima de ellos, Pero venía vacancia y la foto”, indicó y aprovechó para insistir que tampoco su hijo, Nicolás Petro, “a pesar de sus errores personales, tenía que ser encarcelado como pedía la fiscal Laborde y su amiga Vicky”.
Gustavo Petro apuntó contra la magistrada Rosero por la detención de sus ministros
“La magistrada Aura Alexandra Rosero no quiso ni escuchar la defensa yo sé que Bonilla es inocente y han apresado a un profesor de economía por venganza”, escribió el mandatario en X, donde cuestionó la decisión judicial que ordenó su detención preventiva y llamó a estudiantes de Economía a pronunciarse sobre lo que consideró una persecución contra posturas intelectuales distintas.
Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco permanecen desde este fin de semana en prisión preventiva, mientras avanzan las investigaciones por los supuestos delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
De que se los acusa a los ex ministros de Petro
La Fiscalía los acusa de haber liderado una “organización criminal” que, entre 2023 y 2024, habría destinado más de 612.000 millones de pesos para comprar apoyos legislativos mediante la asignación de contratos y proyectos.
La magistrada que adoptó la medida sostuvo que, pese a que los exministros ya no ocupan cargos públicos, persisten los riesgos para el proceso penal, al considerar que las conductas investigadas se apoyaban en redes políticas y administrativas que operaban a través de terceros.
El caso de la UNGRD, revelado en 2024, es considerado el mayor escándalo de corrupción del Gobierno de Petro y ya ha derivado en la detención de los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, así como en condenas contra exdirectivos del organismo.