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El receso judicial en Colombia llegó a su fin y la Rama Judicial retomará plenamente sus funciones este martes 13 de enero de 2026, una vez concluido el periodo de vacancia que comenzó el 20 de diciembre de 2025. Con el reinicio de actividades, también vuelven a correr los términos procesales en los despachos judiciales del país.
Durante estas semanas de receso, las vacaciones colectivas se aplicaron a la mayoría de los funcionarios y empleados judiciales, tal como lo establece la Ley 270 de 1996, modificada recientemente por la Ley 2430 de 2024, que fija un descanso anual de 22 días continuos.
El regreso a la actividad judicial se produce en un contexto particular, marcado por la expedición de dos decretos clave del Gobierno nacional durante la ausencia de jueces y magistrados, lo que generó debate en distintos sectores políticos y jurídicos.
Qué dependencias siguieron funcionando durante la vacancia judicial
Aunque la mayoría de los juzgados suspendieron sus trámites ordinarios, no toda la Justicia estuvo paralizada. Durante el receso continuaron operando los juzgados penales municipales y los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, que cuentan con un régimen de vacaciones individuales.
Estos despachos atendieron casos urgentes, como acciones de tutela y solicitudes de habeas corpus, las cuales pudieron presentarse de forma permanente a través de los canales virtuales habilitados por la Rama Judicial.
También mantuvieron actividades el Consejo Superior de la Judicatura, los consejos seccionales, así como la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus dependencias regionales.
Los decretos que se firmaron mientras la Justicia estaba en receso
Uno de los hechos que marcó la vacancia judicial fue la expedición del decreto de emergencia económica, firmado por el presidente Gustavo Petro el 22 de diciembre de 2025. La medida declaró el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional por 30 días, tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso.
El decreto generó reacciones encontradas y dio lugar a acciones judiciales, entre ellas tutelas y anuncios de demandas por parte de dirigentes políticos que cuestionaron su constitucionalidad. Algunas de estas acciones fueron resueltas durante el receso por los jueces que permanecieron activos.
El salario mínimo 2026 también quedó bajo la lupa
El segundo decreto relevante expedido durante la vacancia fue el que fijó el salario mínimo para 2026. El Gobierno estableció un ingreso mensual de $1.750.905, sin subsidio de transporte, y de $2.000.000 al incluir este auxilio, bajo el concepto de salario vital.
La decisión despertó críticas de sectores políticos y económicos, que advirtieron posibles efectos sobre el empleo formal. Incluso, se presentaron acciones judiciales contra la medida, lo que anticipa que el decreto podría ser analizado por las altas cortes en los próximos meses.
Debate abierto sobre una reforma a la vacancia judicial
Tras lo ocurrido durante el receso, desde la Corte Constitucional se planteó la posibilidad de revisar el esquema de la vacancia judicial. Su presidente, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, señaló que la actuación del Ejecutivo durante estos periodos deja en evidencia una desventaja institucional de la Rama Judicial frente a las demás ramas del poder público.
La propuesta apunta a evitar que, en contextos críticos como emergencias económicas, calamidades públicas o situaciones excepcionales, la Administración de Justicia quede sin plena capacidad de respuesta, un debate que podría llegar al Congreso en el primer semestre de 2026.
