El servicio militar obligatorio en Colombia sigue vigente para los ciudadanos mayores de 18 años. Sin embargo, la legislación actual contempla diversas situaciones en las que los jóvenes pueden quedar exentos o no ser incorporados a filas, al reconocer condiciones personales, familiares o sociales que hacen improcedente su prestación. Aunque la obligación de definir la situación militar se mantiene, la normativa también prohíbe las prácticas de reclutamiento forzoso en la vía pública. Todo proceso de incorporación debe realizarse mediante una citación formal y con verificación previa de la situación del ciudadano. De acuerdo con Ley 1861 de 2017, la cual regula el reclutamiento y la movilización de ciudadanos, el servicio militar es un deber constitucional, pero existen excepciones claras cuando se acreditan determinadas circunstancias personales o familiares. Entre los casos más comunes se encuentran los jóvenes que son hijos únicos, quienes sostienen económicamente a su familia o aquellos cuyos padres no pueden subsistir por sí mismos. También están contempladas situaciones como la orfandad con hermanos menores a cargo. Asimismo, pueden quedar exentos quienes ya han conformado un hogar, es decir, los ciudadanos casados o en unión marital de hecho, así como los padres de familia responsables del cuidado de sus hijos. La ley reconoce que existen condiciones personales que hacen incompatible la prestación del servicio armado. Por ello, los ciudadanos con alguna discapacidad física o mental certificada no pueden ser incorporados. Del mismo modo, se contempla la exención para integrantes de pueblos indígenas, respetando su autonomía cultural, y para personas reconocidas como víctimas del conflicto armado. Otra figura admitida es la objeción de conciencia, mediante la cual un ciudadano puede manifestar razones éticas, religiosas o filosóficas para no participar en actividades militares, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por las autoridades. Aun cuando una persona cumpla con alguna causal de exención, la normativa establece que debe acreditar formalmente su condición ante las autoridades de reclutamiento para obtener la certificación correspondiente. Esto significa que la obligación principal no es necesariamente prestar el servicio, sino definir la situación militar. Dependiendo del caso, el proceso puede concluir con la incorporación, la exención o la expedición del documento que acredita que no debe servir.