La muerte del menor Kevin Arley Acosta generó una fuerte controversia en Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro cuestionara públicamente la falta de entrega del informe de necropsia. El mandatario señaló a las autoridades forenses por presuntamente no revelar información clave sobre las causas del fallecimiento. Frente a estas declaraciones, el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés, salió a aclarar la situación y explicó que la no divulgación del documento responde a restricciones legales y no a decisiones políticas. Según indicó, el proceso está sujeto a normas estrictas dentro del ámbito penal. El caso se encuentra actualmente bajo investigación de la Fiscalía, lo que implica que el acceso a la información está limitado. En este contexto, la polémica gira en torno a los alcances de la reserva sumarial y quiénes pueden conocer los detalles del informe. El director de Medicina Legal explicó que el informe de necropsia está protegido por la figura de reserva sumarial, un principio jurídico que impide la divulgación de información dentro de un proceso penal en curso. Esta medida busca garantizar la transparencia de la investigación y evitar interferencias externas. En ese sentido, la entidad aclaró que no tiene facultades para entregar el documento al público, al Gobierno ni siquiera a otras instituciones, ya que su acceso está restringido exclusivamente a las autoridades judiciales encargadas del caso. De esta manera, se cumple con la normativa vigente que regula este tipo de procedimientos. De acuerdo con lo señalado por el funcionario, el único organismo que puede recibir el informe de necropsia es la Fiscalía, específicamente el fiscal asignado a la investigación. En este caso, el documento se encuentra bajo custodia del funcionario encargado del expediente. Esto significa que cualquier decisión sobre la divulgación del contenido dependerá de las autoridades judiciales. Ni el Gobierno ni otras entidades pueden intervenir directamente en este proceso, ya que la investigación sigue su curso bajo parámetros legales definidos. El futuro del informe dependerá de las decisiones que adopte la justicia. Tras la negativa inicial de entregar el documento, se interpuso una acción de tutela que fue rechazada en primera instancia, aunque el proceso continúa en revisión por instancias superiores. Será el Tribunal Superior el que determine si el informe puede hacerse público o si debe mantenerse bajo reserva. Hasta entonces, Medicina Legal insiste en que no puede pronunciarse sobre el contenido del documento ni sobre las causas de la muerte, ya que no está autorizado para hacerlo dentro del marco legal vigente.