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La Justicia de Estados Unidos habilitó al gobierno federal a continuar con el proceso para finalizar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para migrantes de Honduras y Nicaragua, una medida que reabre la puerta a la pérdida de permisos de trabajo y a posibles procesos de deportación.
La decisión fue adoptada por un tribunal de apelaciones y dejó sin efecto un freno judicial que estaba vigente.
El fallo permite reactivar trámites administrativos que habían quedado suspendidos y vuelve a poner en debate el alcance de este programa humanitario, creado para otorgar resguardo migratorio a personas provenientes de países afectados por desastres naturales o crisis graves.
Qué resolvió el tribunal de apelaciones sobre el TPS
El tribunal de apelaciones del Noveno Circuito resolvió suspender una orden previa que impedía avanzar con la finalización del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal. Con esta decisión, la administración federal puede retomar el camino para retirar la protección a estos grupos de migrantes.
De acuerdo con lo informado por Semana, con base en reportes de agencias internacionales, el pronunciamiento judicial no elimina automáticamente el estatus, pero sí autoriza al gobierno a seguir con el procedimiento para su cancelación.
El caso todavía puede ser objeto de nuevas apelaciones ante instancias superiores, por lo que el escenario legal no está completamente cerrado.
El TPS fue establecido por el Congreso estadounidense en 1990 como una herramienta excepcional para proteger de la deportación a ciudadanos de países atravesados por conflictos armados, catástrofes naturales u otras emergencias, además de permitirles trabajar legalmente.
Por qué Honduras y Nicaragua habían sido incluidos
En el caso de Honduras y Nicaragua, la designación original se otorgó tras el impacto del huracán Mitch a fines de la década de 1990. A partir de entonces, las protecciones fueron renovadas en distintas oportunidades por sucesivos gobiernos.
Las autoridades que impulsan la finalización del beneficio sostienen que el TPS fue pensado como un recurso temporal y que no debe transformarse en un mecanismo migratorio permanente sin una ley específica del Congreso.
Organizaciones de apoyo a migrantes, en cambio, advierten que muchas de las personas alcanzadas llevan años -incluso décadas- residiendo en Estados Unidos, con empleo estable y vínculos familiares consolidados.
Qué puede pasar ahora con los migrantes alcanzados
Con el bloqueo judicial levantado, el gobierno puede avanzar con las etapas formales para poner fin a la protección. Si el proceso se completa, los beneficiarios podrían perder su autorización de trabajo y quedar expuestos a procedimientos de deportación.
Distintas organizaciones civiles alertaron que la medida podría afectar a decenas de miles de personas y generar impactos sociales en comunidades donde estos migrantes están integrados laboral y familiarmente.
Al mismo tiempo, especialistas en derecho migratorio remarcan que cada caso tiene particularidades y que pueden existir otras vías legales o recursos judiciales mientras continúe la disputa en los tribunales.