Vamos a utilizar a la fuerza de los movimientos políticos, sociales y juveniles para desplegarlos en todo el territorio", exhortó por cadena nacional Cristina Fernández de Kirchner al revelar la semana pasada por primera vez la intención de que militantes controlen los precios en los supermercados.

La elección de las palabras presidenciales no fue inocua y despertó todo tipo de suspicacias: dirigentes opositores calificaron la convocatoria de intimidatoria y algunos llegaron a compararla con prácticas propias de regímenes autoritarios de antaño. Las precisiones llegarían recién el miércoles durante la presentación de la campaña "Mirar para Cuidar", en la que, a su modo, la propia Presidenta debió salir a bajarle el tono al anuncio.

Sin embargo, el plan de control de precios del Gobierno tiene evidentes similitudes con lo que sucede por estos días en Venezuela, su principal aliado en la región. La utilización de militantes sociales y políticos para fiscalizar las subas de precios, el señalamiento a comerciantes y empresarios como los responsables de las penurias inflacionarias y la politización de los organismos de defensa al consumidor son algunos de los puntos en común entre los dos países que lideran cómodamente el ránking de inflación en América latina.

La flamante iniciativa Mirar para Cuidar, que supone el control de militantes junto a inspectores municipales de los precios de unos 500 productos que se mantendrán congelados desde el 1 de junio hasta octubre, tiene su correlato casi calcado en tierras bolivarianas. Se trata del Plan Nacional de Inspección y Fiscalización Conjunto, un operativo de control masivo en el que participan 11 instituciones del Estado de la mano de agrupaciones políticas y sociales oficialistas que inspeccionan todos los comercios del país para frenar el avance de la inflación y el desabastecimiento que aqueja al país petrolero.

El faltante de productos en los supermercados es hoy la principal preocupación entre los venezolanos. Primero fueron el arroz y la harina, luego el papel higiénico y ahora le llegó el turno al vino. Así, ni la Iglesia Católica se salva del desabastecimiento. Esta semana trascendió que la Conferencia Episcopal alertó que se están agotando sus reservas de vino para celebrar misa y que ya habrían pedido al Gobierno que le habilite dólares para importarlo. De hecho, el propio presidente Nicolás Maduro admitió que el país atraviesa una situación de "desabastecimiento agudo" y llamó a la población a redoblar los controles sobre los especuladores y acopiadores, como se los señala a los empresarios.

No tan distintos

Mientras que en el caso del plan argentino, la última palabra la tiene el secretario de Comercio Guillermo Moreno, quien desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor tiene la autoridad para sancionar a los comercios -pueden ser multas de 5 a 100 millones de pesos, clausuras y decomiso de artículos, según marca la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor-, en Venezuela el terror de los comerciantes y empresarios es el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), que fue creado por Hugo Chávez en 2010.

Según sus propios estatutos, el organismo, que depende del omnipotente Ministerio del Poder Popular para el Comercio, tiene como función específica la defensa y protección del acceso de las personas a los bienes y servicios, estableciendo los ilícitos administrativos, sus procedimientos y sanciones, con la participación activa y protagónica de las comunidades a través de los Comités de Contraloría Social para el Abastecimiento.

Así explicó su funcionamiento cotidiano del organismo la titular del Indepabis, una predestinada funcionaria chavista llamada Consuelo Cerrada. "En los operativos de control de precios por los barrios, el Indepabis trabaja de la mano con el pueblo organizado, con el poder popular, a través de las redes de defensores de la soberanía alimentaria y a través de los Comites de Controlaría Social, dijo Cerrada durante un relevamiento que tuvo lugar esta semana en el centro de Caracas. Y agregó: El mismo pueblo organizado es nuestra brújula, son quienes nos orientan para que en las próximas inspecciones visitemos los comercios que denunciaron.

Además, y a diferencia de la versión local, los operativos venezolanos actúan con poder de policía: los funcionarios y los militantes trabajan en conjunto con las fuerzas de seguridad como la Policia Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana.

En tanto, por estos pagos se supo que podrán participar de los relevamientos las organizaciones políticas, sindicales y hasta religiosas, siempre acompañados por inspectores municipales, que a su vez serán controlados por los Intendentes. Cuando la Presidenta nos invita a Mirar para Cuidar, lo que nos está diciendo es que debemos cuidar los logros alcanzados. Cualquiera puede ocuparse de observar que se cumpla el acuerdo de precios, sostuvo la subsecretaria de Defensa al Consumidor y mano derecha de Moreno, María Lucila "Pimpi" Colombo, al ratificar el rol fiscalizador de los militantes. Al respecto, fuentes cercanas a la Secretaría de Comercio deslizaron que distintas agrupaciones kichneristas como Unidos y Organizados, La Cámpora, Movimiento Evita y Kolina tendrán un rol protagónico en los operativos.

Control político

"El Indepabis se ha convertido en un instrumento de persecución", señala el dirigente venezolano Diego Arria, ex gobernador de Caracas, en diálogo con El Cronista WE. Y agrega: "Es un organismo que hoy está absolutamente politizado. Se lo utiliza para culpar a los comerciantes y a los empresarios de los problemas de desabastecimiento que generó la política económica".

En la misma línea opina Luis Vicente León, economista y director de la prestigiosa consultora Datanálisis: El Indepabis, que debería defender al consumidor, se convirtió en una especie de Robespierre que va por todo el país cerrando supermercados, panaderías y todo tipo de comercios. Esta formado por batallones de supervisores con filosofía de un ejército de control.

Sobre la participación activa de las organizaciones sociales en los controles, Arria señala que "hay organizaciones comunales que responden al régimen y que se movilizan y proceden como si fueran parte del Estado". En cambio, para Luis Vicente León, no hay tal participación popular en los controles de precios en Venezuela. Más bien el Gobierno usa esa idea para el show mediático. La convocatoria a la sociedad es una forma de intimidación hacia los empresarios, que son considerados los grandes culpables por el Gobierno".

Alcance dispar

Una diferencia entre ambos planes de control de precios está en el alcance de las medidas. La fiscalización bolivariana incluye a todos los productos de la canasta básica que se vendan en cualquier establecimiento comercial del país. En cambio, los relevamientos de la iniciativa argentina están acotados a las grandes cadenas de supermercados (Jumbo, Coto, Disco, Carrefour, Plaza Vea y Wal-Mart, entre otras) y a unos 500 productos, entre alimentos y otros artículos de la canasta básica.

Sin embargo, la propia Presidenta deslizó que el congelamiento de precios -y el eventual control- se podría extender a medicamentos y a productos vinculados con la construcción. En esta primera etapa, el seguimiento se realizará en 50 ciudades y abarcará a 19 millones de argentinos.

En tanto, el empresariado local ya eligió: al parecer, prefiere los ya conocidos modales de Guillermo Moreno antes que arriesgarse a probar la delicadeza de los militantes K. Desde nuestra perspectiva y basados en el sistema legal de nuestro país, la función de control es estatal y entendemos que dado lo delicado de la misma y la necesidad de certeza y objetividad, no es delegable, dice en diálogo con WE Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL). Y agrega: Desonozco si en el acuerdo con los supermercados, se estableció alguna operativa en particular, pero si no la hubiere, es a la autoridad de contralor a quien le corresponde supervisar el cumplimiento del acuerdo.

En tanto, en Caracas el fustigado sector empresario se alineó con el gremio de comerciantes -Consecomercio- y llamó al gobierno de Maduro a abandonar los controles de precios, a cuya "rigidez e inoperancia" atribuyen el nuevo episodio de escasez de productos básicos que afecta al país caribeño.

Otra señal que muestra que cualquier similitud con la realidad argentina no es pura coincidencia: por estos días el régimen bolivariano acusa a los medios de comunicación y a la oposición de fomentar una "sensación de desabastecimiento".

Más allá del juego de las diferencias, una pregunta de fondo se impone: ¿trajo resultados positivos la implementación de controles masivos en los precios en Venezuela durante los últimos años? La negativa de los expertos consultados es rotunda. Para Luis Vicente León, los controles de precios desalientan la inversión y eso genera desabastecimiento. "En Venezuela, el Gobierno aún cree que controlando los precios va a controlar la inflación. El problema es que al no poder desplazarse los precios con los costos, el estímulo a que los productos permanezcan en las tiendas se reduce". Y concluye: "Se logra una aparente estabilidad de precios a cambio de un incremento sustancial de la escasez y del desabastecimiento". z we