El Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) de Brasil oficializó en una publicación en el Boletín Oficial la decisión de que la operadora española Telefónica elija entre la venta de una participación de 50% en Vivo o abandonar su posición accionaria en Telecom Italia, dueña de TIM.

El organismo de defensa de la competencia había anunciado la decisión el pasado 4 de diciembre. Pero el martes, Telefónica dijo que no había recibido una notificación formal del Cade sobre la necesidad de vender activos, por lo que no había asumido aún una posición oficial sobre el tema.

Otro tema vinculado con el organismo regulador, sobre el que la compañía tampoco se manifestó, fue una multa de R$ 15 millones que le aplicó el Cade por no cumplir un acuerdo firmado en 2010.

La semana pasada, valor pudo saber que Telefónica no pretende dejar Vivo, ni su posición accionaria en Telecom Italia, porque la decisión del Cade determinaría un plazo generoso: la compañía española tendría de 12 a 18 meses para resolver la situación.

Observadores del mercado creen que ese tiempo podría ser suficiente para que Telefónica convenza a las autoridades brasileñas de que lo mejor para el mercado de telecomunicaciones en el país -incluso para el consumidor-es dividir a TIM en tres partes, distribuyéndolas para la propia Vivo, además de las rivales Oi y Claro.

De esa forma, Telefónica conseguiría resolver dos problemas, uno en cada continente. En Europa, la operadora mantendría su posición como principal accionista de Telecom Italia una vez que pretende comprar, hasta febrero de 2015, la totalidad de las acciones de Telco, el consorcio controlador de la operadora italiana. De esa forma, Telefónica tendría la posibilidad de aumentar su presencia en el continente europeo. En Brasil, la empresa conseguiría, con la división de TIM, eliminar a su mayor competidora del mapa.

La semana pasada, la decisión del Cade tomó a la operadora de sorpresa. Telefónica contaba que, como la compra de la participación de Portugal Telecom en Vivo realizada en 2010 había sido aprobada por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), no habría motivo para que el Cade cuestionara la operación y, aún menos, para condicionar su aprobación a la salida de Telefónica de Telco.

Telefónica consideró, en aquel momento, una “ilegalidad” la actitud del Cade, según una fuente. La empresa no respondió los pedidos de entrevista realizados por Valor hasta el cierre de esta edición.