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El Departamento de Estado comenzó a emitir órdenes de cese y desistimiento a bibliotecas públicas organizadas como entidades sin fines de lucro, prohibiéndoles participar en el Programa de Instalaciones de Aceptación de Pasaportes.
El argumento oficial es que la ley federal prohíbe a organizaciones no gubernamentales cobrar y retener tarifas por la tramitación de solicitudes. Las afectadas son exclusivamente las bibliotecas públicas, organizadas como estructura privada sin fines de lucro.
La medida, que entró en vigor a finales de 2025, impacta a un número significativo de instituciones: la Asociación Americana de Bibliotecas estima que hasta 1.400 bibliotecas en todo el país podrían verse afectadas, lo que representa aproximadamente el 15% del total nacional.
El problema se agrava porque la demanda de pasaportes está en su punto más alto. Los requisitos del Real ID, el clima generado por los operativos migratorios y una posible legislación que exigiría pasaporte para registrarse a votar confluyen para que más ciudadanos que nunca necesiten renovar o tramitar su documentación — justo cuando el acceso al servicio se reduce.
Para quienes dependían de las bibliotecas como único punto práctico de tramitación, el cierre no es un inconveniente menor: sin posibilidad real de renovar el pasaporte, viajar fuera del país queda directamente bloqueado para quienes tengan su documento desactualizado.
Quiénes son las personas que ya no podrán tramitar el pasaporte en estas bibliotecas
El impacto en la renovación de pasaportes es desproporcionado en los estados donde la mayoría de las bibliotecas públicas operan como entidades sin fines de lucro:
- Pensilvania: 85% de las bibliotecas son sin fines de lucro
- Maine: 56%
- Rhode Island: 54%
- Nueva York: 47%
- Connecticut: 46%
El caso concreto que ilustra el problema
En el condado de Perry, Pensilvania —un territorio de 556 millas cuadradas— la biblioteca de Marysville-Rye era una de solo dos instalaciones disponibles para tramitar pasaportes en toda la zona. Tras el cierre del servicio, quedó una sola opción: el juzgado del condado.
Situaciones similares se repiten en Connecticut, donde varias bibliotecas que ofrecieron el servicio durante casi dos décadas debieron suspenderlo, dejando a sus comunidades sin una alternativa accesible.
Las bibliotecas cubrían necesidades que otros centros no siempre pueden atender: horarios extendidos fuera del horario laboral, atención en varios idiomas y espacios donde los niños podían esperar mientras los adultos completaban el trámite. Todo eso recae ahora sobre oficinas postales y juzgados que ya sienten la presión adicional.
Qué opciones quedan y qué está haciendo el Congreso para revertir esta medida
El Departamento de Estado sostiene que el 99% de la población vive a menos de 20 millas de alguna instalación autorizada, como oficinas de correos, juzgados de condado o bibliotecas municipales. Sin embargo, para familias trabajadoras, residentes rurales o personas sin movilidad propia, esa distancia puede ser inaccesible en la práctica.
Legisladores de ambos partidos reaccionaron. Representantes demócratas y republicanos de Connecticut, Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey y Maryland enviaron una carta al Secretario de Estado Marco Rubio exigiendo extender el programa mientras se busca una solución permanente.
La legislación en marcha
Los representantes Madeleine Dean (demócrata) y John Joyce (republicano) presentaron un proyecto de ley bipartidista para modificar la Ley de Pasaportes de 1920 y permitir que las bibliotecas sin fines de lucro con estatus 501(c)(3) continúen operando como instalaciones de aceptación. Un proyecto similar avanza en el Senado.